El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, se sumó este martes al creciente reclamo político y ciudadano que exige la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que continúan en funciones pese a que su mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023.
“Nosotros hacemos un llamado a la poca conciencia que les queda y al poco de vergüenza que debieran tener para que se hagan a un lado, que renuncien y que devuelvan la institucionalidad a la justicia”, manifestó Rada en entrevista con UNITEL, en una declaración que refuerza el pedido impulsado por diversas instituciones y líderes políticos.
El legislador destacó que la reforma judicial es uno de los principales compromisos del PDC, asegurando que desde su candidato presidencial, Rodrigo Paz, hasta los diputados electos, “está esa esencia de cambiar la justicia, de reconstruirla sobre bases éticas y constitucionales”.
Rada calificó como “correcto y necesario” que los magistrados presenten su renuncia inmediata, subrayando que “han excedido en su mandato y no están cumpliendo las leyes”, pese a que su función era justamente garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado.
“No puede ser que quienes fueron llamados a velar por la Constitución sean ahora los primeros en violarla”, afirmó el diputado.
El pronunciamiento del PDC se da en un contexto de tensión institucional dentro del sistema judicial, luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público contra cinco magistrados del TCP —Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo— por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.
Según la denuncia, los magistrados habrían emitido el Auto Constitucional 49/2023, que les permitió mantenerse en funciones de manera ilegítima, pese a la finalización de su mandato legal.
En respuesta, los magistrados “autoprorrogados” emitieron un comunicado en el que acusaron a ciertos sectores políticos y judiciales de intentar descabezar el TCP para “generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad del proceso electoral”, advirtiendo que ello “amenaza la democracia y la segunda vuelta electoral”.
