Una semana después de dejar la máxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi enfrenta una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Departamental de La Paz por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.
La denuncia fue formalizada por el abogado Abel Loma, quien aseguró contar con pruebas documentales contundentes que vincularían al exdirigente con hechos irregulares ocurridos durante su prolongada gestión al frente del principal ente sindical del país.
Huarachi asumió la conducción de la COB en febrero de 2018, con un mandato inicialmente previsto para dos años; sin embargo, permaneció en el cargo por casi ocho, dejando finalmente la dirigencia el 9 de octubre de 2025, en medio de silbidos, críticas y denuncias de manejo político dentro de la organización.
“Tenemos evidencia sólida contra el señor Huarachi. Parte de la documentación también está relacionada con el proceso judicial que se sigue contra Juan Carlos Cruz, exministro de Medio Ambiente del Gobierno de Luis Arce, quien enfrenta acusaciones por corrupción”, explicó Loma.
El abogado denunciante sostuvo que es fundamental que la Fiscalía de La Paz admita la denuncia y dé curso a una investigación exhaustiva sobre el patrimonio del exlíder sindical, quien, según Loma, habría incrementado de manera injustificada su fortuna durante su prolongada permanencia al mando de la COB.
“Esperamos que el fiscal departamental de La Paz no ponga obstáculos y que se investigue a fondo el perfil económico y patrimonial del señor Huarachi. La transparencia es lo mínimo que se espera de una persona que ha representado a los trabajadores durante tantos años”, manifestó el jurista.
De acuerdo con el denunciante, parte de los documentos presentados ante el Ministerio Público también estarían incluidos en las investigaciones relacionadas con exautoridades del actual Gobierno, en particular Juan Carlos Cruz, lo que —a su juicio— podría evidenciar una red de influencias y beneficios indebidos entre funcionarios y dirigentes sindicales.
Loma insistió en que el propósito de la denuncia no es político, sino un acto de transparencia frente a una figura que, durante años, mantuvo estrechos vínculos con el Ejecutivo y fue cuestionada por su silencio ante irregularidades dentro del aparato estatal.
El abogado también aclaró que, días atrás, circuló en redes sociales una versión falsa sobre la existencia de un proceso penal ya iniciado contra Huarachi. Según Loma, dicha información fue difundida con el objetivo de confundir a la opinión pública y restar credibilidad a la denuncia formal que ahora se presenta.
“No existía ningún proceso previo contra Huarachi. Lo que se difundió fue totalmente falso y solo buscaba generar confusión. Esta es la primera denuncia formal presentada ante la Fiscalía de La Paz, con respaldo documental”, puntualizó.
