La Fiscalía Departamental de Santa Cruz anunció este jueves que iniciará el trámite formal para solicitar a Brasil la extradición del narcotraficante boliviano Pedro Montenegro Paz, quien actualmente cumple una condena en ese país. El objetivo es que el acusado responda ante la justicia boliviana por los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, establecidos en la Ley 1008.
El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que Montenegro, quien fue extraditado a Brasil en 2019 y posteriormente sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión, aún tiene procesos judiciales pendientes en Bolivia.
“Se va a solicitar su extradición. Tenemos entendido que él ya fue juzgado en Brasil, pero en Bolivia también debe rendir cuentas ante la justicia”, declaró Zeballos durante una conferencia de prensa.
El representante del Ministerio Público precisó que, además de los procesos por narcotráfico, existe una investigación activa por legitimación de ganancias ilícitas, relacionada con bienes y propiedades adquiridos con dinero de origen delictivo, tanto en territorio boliviano como en el extranjero.
La decisión de la Fiscalía se da luego de que en las últimas semanas circularan videos y fotografías de Pedro Montenegro en redes sociales, donde se lo observa con un notable cambio físico y un estilo de vida diferente al que tenía antes de su captura.
Las imágenes, difundidas en una cuenta de TikTok creada en agosto de este año, generaron polémica y reactivaron el debate sobre las condiciones penitenciarias del narcotraficante y los posibles privilegios de los que podría estar gozando en el sistema carcelario brasileño.
Pedro Montenegro fue capturado en 2019 tras una larga operación coordinada entre fuerzas de seguridad de Bolivia y Brasil. Durante varios años, había logrado evadir la justicia pese a tener una orden de aprehensión internacional vigente.
Según las investigaciones, Montenegro encabezaba una poderosa red de narcotráfico que enviaba cocaína desde Bolivia hacia Brasil e Italia, contando con protección y complicidad de altos mandos policiales bolivianos, a quienes presuntamente pagaba sobornos para garantizar su impunidad.
El caso reveló una estructura criminal con vínculos dentro de la Policía Boliviana, lo que derivó en la destitución y procesamiento de varios funcionarios públicos. Interceptaciones telefónicas, seguimientos operativos y pruebas financieras permitieron a la justicia brasileña desmantelar parte del entramado delictivo y condenar al capo.
