La resolución judicial emitida este miércoles respecto al caso de secuestro y tortura contra un miembro de la colonia menonita de Cuatro Cañadas generó un fuerte rechazo entre los abogados y defensores de la víctima. Mientras el agresor material fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, el presunto instigador —identificado como uno de los ministros religiosos de la comunidad— recibió medidas sustitutivas y cumplirá detención domiciliaria, situación que desató críticas por la aparente falta de proporcionalidad.
La decisión fue tomada por un juez del Juzgado de El Mechero, ubicado en la zona del Plan Tres Mil. Según la investigación, el caso se conoció gracias a la denuncia de un familiar y a la intervención policial, que permitió rescatar a la víctima: un hombre que fue encontrado amarrado, semidesnudo y con múltiples lesiones dentro de una vivienda en la colonia El Norte, del municipio de Cuatro Cañadas.
La víctima habría sido sacada de su hogar la tarde del sábado y retenida contra su voluntad durante varias horas. Según Osvaldo Ovando, representante de Derechos Humanos, el castigo fue motivado por su decisión de dejar de asistir a la iglesia. “Lo castigaron porque dejó de asistir a la iglesia”, denunció.
La abogada de la víctima, Marianela Bozo, expresó su profunda molestia con la decisión judicial. Asegura que el presunto instigador —a quien considera el autor intelectual de la agresión— debió recibir detención preventiva, similar al agresor material. “Estoy indignada porque no ha habido justicia. El agresor directo va a Palmasola, pero al ministro que ordenó el castigo le dan detención domiciliaria. Él fue quien instruyó que torturen a la víctima”, reclamó.
Bozo también señaló que en el domicilio del presunto instigador se hallaron armas de fuego, lo que, a su juicio, demuestra el poder de coerción que este individuo ejerce dentro de la colonia. Su postura fue respaldada por el abogado Fabricio Choque, quien consideró que la resolución fue insuficiente. “Se trata del responsable moral del vejamen. Ordenó que lo castiguen, y aun así la juez lo deja en su casa”, afirmó.
El rescate de la víctima evidenció la gravedad del ataque: el hombre fue encontrado en ropa interior, atado y con múltiples golpes, sin poder mantenerse en pie. Fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo tratamiento debido a sus lesiones. La familia denunció que, antes de la intervención policial, las autoridades de la colonia les prohibieron brindarle atención médica o sacarlo del lugar.
La Fiscalía informó que al menos cinco personas están siendo investigadas por su presunta participación en el crimen. Asimismo, anunció que en los próximos días se emitirán nuevas citaciones para otros miembros de la colonia, incluidos líderes que habrían permitido, avalado o encubierto las agresiones.
Durante la audiencia cautelar, varios pobladores de la comunidad acudieron al juzgado, pero evitaron dar declaraciones. Solo confirmaron que conocían a la víctima y que el conflicto habría surgido debido a su ausencia en los cultos religiosos.
Por otro lado, los abogados de los acusados defendieron a sus representados argumentando que “no participaron en ninguna agresión”, y calificaron la medida de detención preventiva como “excesiva”.
La defensa de la víctima sostuvo que este caso debe sentar un precedente para frenar prácticas disciplinarias violentas dentro de las colonias menonitas. “Pedimos justicia. Estos castigos no pueden continuar en ninguna comunidad”, expresó Bozo.
