El caso del asesinato del juez Wilber Marcial Cruz, ocurrido el 7 de noviembre en Cochabamba, tomó un rumbo inesperado tras la muerte de Remberto López, uno de los principales acusados del crimen. López fue hallado sin vida dentro del penal de Palmasola con dos disparos en la cabeza, en un hecho que ahora es investigado por la Fiscalía y Régimen Penitenciario.
El fiscal Luis Alberto Hurtado informó que dos ciudadanos brasileños confesaron haber ejecutado el asesinato de López y aseguraron que actuaron por encargo. “Se tiene dos personas, supuestamente pertenecerían al Comando Vermelho y aceptan la comisión del hecho”, afirmó Hurtado, señalando que la investigación se centra ahora en determinar quién ordenó la ejecución y con qué propósito.
López fue aprehendido en mayo de 2023 y, desde entonces, cumplía detención preventiva en la cárcel de San Pablo, ubicada en Quillacollo, Cochabamba. Las investigaciones lo señalaban como el autor intelectual del asesinato del juez Wilber Marcial Cruz, motivo por el cual el 15 de noviembre fue trasladado al penal de Palmasola, en Santa Cruz, considerado uno de los recintos más grandes y conflictivos del país.
Días antes de su muerte, López difundió en redes sociales un video en el que afirmaba que su vida estaba en peligro, advirtiendo sobre amenazas en su contra. Su asesinato dentro de un centro penitenciario de alta seguridad ha intensificado las dudas sobre la existencia de un entramado criminal más amplio detrás del caso.
Según el reporte forense presentado por el fiscal Hurtado, el cuerpo de López fue encontrado con dos impactos de bala:
- Uno en la sien, con orificio de entrada y salida.
- Otro en el pómulo, evidenciando un disparo directo de corta distancia.
- “El victimador dice que fue por encargo. Estamos cotejando la información”, reiteró el fiscal, indicando que los investigadores trabajan en el análisis de posibles vínculos entre los implicados y organizaciones criminales transnacionales.
El hecho de que López haya sido asesinado con un arma de fuego dentro del penal ha generado fuertes cuestionamientos a la seguridad del recinto. Régimen Penitenciario confirmó que se realiza una investigación para determinar cómo un interno pudo acceder a un arma, considerando que su ingreso está estrictamente prohibido.
Las autoridades no descartan que el arma haya sido introducida en piezas, arrojada desde el exterior o facilitada mediante complicidades internas, ya sea de personal civil, policial o incluso de visitantes.
