En el marco de la investigación por el presunto desvío de combustible, la Fiscalía informó este martes que existen 14 órdenes de aprehensión que serán ejecutadas en los próximos días como parte del proceso para esclarecer las irregularidades detectadas en el manejo de carburantes.
El fiscal Sergio Dávila confirmó la información señalando que “son 14 órdenes las cuales serán ejecutadas en el transcurso de la semana”. Estas medidas forman parte de una investigación que ha requerido operativos simultáneos y la revisión exhaustiva de documentación perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Durante las últimas jornadas, la Fiscalía y la Policía realizaron al menos cinco intervenciones en oficinas de YPFB, todas ellas vinculadas a procesos diferentes sobre presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con el fiscal Dávila, los primeros responsables identificados son los choferes de las cisternas involucradas en el transporte de combustible, quienes habrían tenido participación directa en el desvío. “Inicialmente son los choferes de las cisternas por lo cual se ha identificado responsabilidad en estos sujetos”, precisó.
Sin embargo, la investigación no se limitará a estos primeros involucrados. El fiscal adelantó que más personas serán convocadas en calidad de testigos con el fin de aportar información relevante sobre el manejo interno del combustible y otros posibles actos irregulares dentro de la estatal petrolera. “Vamos a convocar a otros sujetos, son varias personas”, añadió.
Por su parte, la fiscal superior anticorrupción, Mirtha Mejía, confirmó que los operativos se realizaron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, tras detectar presuntas irregularidades en los procesos administrativos, el manejo de carburantes y las contrataciones públicas dentro de YPFB. Un boletín del Ministerio Público señala que estas acciones buscan esclarecer la magnitud del daño económico generado al Estado.
En paralelo, y en medio de la intervención a las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su directora Margot Ayala informó que más de 100 funcionarios fueron desvinculados de la institución. Ayala señaló que estas personas también serán investigadas debido a posibles vínculos con irregularidades relacionadas al desvío de 14 cisternas, caso que está en pleno desarrollo.
Según estimaciones de YPFB, el país podría estar enfrentando un daño económico anual que oscila entre 800 millones y 1.000 millones de dólares debido al desvío de combustible, lo que subraya la gravedad del caso y la urgencia de las acciones emprendidas por las autoridades.
