La intervención policial en el botadero de Cotapachi, ubicado en el límite entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo, reavivó de manera trágica y violenta un conflicto limítrofe que se arrastra desde hace varios años. El operativo, realizado en cumplimiento de una resolución judicial, terminó con un saldo fatal de dos comunarios fallecidos por impacto de arma de fuego y al menos 14 personas heridas, entre ellas siete efectivos policiales. La violencia desatada derivó además en el anuncio de un bloqueo indefinido por parte de sectores de Quillacollo en la carretera que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro, una de las rutas más importantes del país.
El conflicto se originó el pasado 27 de noviembre, cuando pobladores que habitan en las laderas del botadero de Cotapachi instalaron un bloqueo en el ingreso a este lugar. Según información brindada por la Alcaldía de Colcapirhua, la medida fue una respuesta a una supuesta inspección municipal que generó el rechazo de los vecinos, quienes cerraron el acceso al botadero como forma de protesta.
La tensión aumentó el 4 de diciembre, cuando funcionarios y vecinos de Colcapirhua intentaron habilitar nuevamente el ingreso al botadero. Este intento fracasó y provocó un mayor endurecimiento de las posiciones, profundizando el conflicto entre ambos municipios.
La mañana de este lunes, un contingente policial se trasladó hasta la zona con el objetivo de hacer cumplir una resolución judicial que prohíbe el cierre del botadero. Sin embargo, lo que estaba previsto como una intervención de rutina se transformó en una jornada de extrema violencia. De acuerdo con los reportes policiales, los efectivos fueron recibidos con una lluvia de piedras, petardos e incluso el uso de dinamita, lo que generó un escenario de caos y enfrentamientos.
En medio de estos hechos, se registró la presencia de dos personas gravemente heridas por armas de fuego. Ambas fueron trasladadas de emergencia a un centro hospitalario, pero fallecieron en el trayecto. Las víctimas fueron identificadas como Marco Padilla, de 38 años, y Sinforiano Carrillo, de 47.
El director del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Julio César Orozco Crespo, confirmó que los dos fallecidos llegaron al nosocomio con heridas de arma de fuego. Asimismo, informó que al menos 11 personas heridas fueron atendidas en ese centro de salud: dos de ellas con impactos de bala, otras dos con lesiones graves en la cabeza y una mujer en estado de gestación con contusiones, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Además, se conoció que otras tres personas heridas fueron derivadas a diferentes centros médicos para recibir atención especializada.
La Policía reportó también que siete uniformados resultaron heridos durante el enfrentamiento, al menos uno de ellos por arma de fuego. Todos fueron trasladados al seguro policial para su atención. El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, sostuvo que el contingente policial únicamente cumplía una orden judicial y que los efectivos portaban únicamente equipos de reglamento y material no letal. No obstante, aseguró que la institución colaborará plenamente con las investigaciones y entregará toda la información requerida para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
En el marco de las investigaciones, se informó que dos personas que recibían atención médica en el hospital de Quillacollo fueron aprehendidas y trasladadas al Instituto de Investigaciones Forenses para someterse a pruebas de detección de residuos de pólvora en las manos.
El fiscal departamental, Oswaldo Tejerina, confirmó oficialmente las dos muertes y anunció el inicio de una investigación formal a cargo de una comisión de seis fiscales. Explicó que el objetivo es reconstruir de manera precisa la secuencia de los hechos que derivaron en la tragedia y establecer responsabilidades, aunque evitó adelantar detalles sobre el avance de las pesquisas. Para este martes, se prevé una inspección en el lugar de los hechos, tras una reunión de coordinación entre la Policía y el Ministerio Público.
Mientras tanto, el dolor y la indignación se apoderaron de los familiares de las víctimas. Entre lágrimas, exigieron justicia y responsabilizaron a la Alcaldía de Colcapirhua como instigadora de los hechos de violencia ocurridos en Cotapachi.
El conflicto escaló aún más la noche del lunes, luego de una reunión entre el Control Social de Quillacollo, los 10 distritos del municipio y autoridades municipales. En ese encuentro se decidió convocar a un bloqueo general indefinido a partir de las 00:00 de este martes. El dirigente Gonzalo Herrera informó que la medida de presión contempla el cierre de la avenida Blanco Galindo y sectores aledaños, una vía estratégica considerando que Quillacollo se encuentra a solo 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y es parte fundamental del eje troncal que conecta con La Paz y Oruro.
Desde Quillacollo, se anunció que el bloqueo busca exigir el esclarecimiento de los hechos violentos, expresar respaldo a los pobladores de Cotapachi y demandar la presencia del Ministerio de Gobierno para lograr una solución definitiva al conflicto.
Por su parte, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, aseguró que detrás de la protesta existen intereses económicos y personales, y pidió que se identifique y sancione a los autores de las muertes. Señaló que su gestión intentó establecer diálogo con los movilizados ocho días antes de la instalación del bloqueo, pero que no se encontró una demanda concreta. Añadió que recién una semana después surgió el argumento del conflicto limítrofe como eje de la protesta.
Finalmente, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado urgente a la pacificación de la zona y exhortó a las partes en conflicto a sentarse a un diálogo inmediato para evitar que la violencia continúe escalando y cobre nuevas víctimas.
