Un audio atribuido al subteniente de Policía Joaquín C., acusado por las muertes registradas durante el desbloqueo en el botadero de Cotapachi en Cochabamba, revela el estado de angustia del oficial, quien ruega a sus camaradas que no lo abandonen y expresa temor por la incertidumbre sobre su situación legal.
“No me abandonen. Los que me conocen saben cómo soy, cómo trabajo. Siempre he sido solidario, aguerrido, he peleado la salud de los camaradas”, se escucha decir al subteniente, cuya voz evidencia preocupación y desesperación.
El oficial fue imputado por el presunto delito de homicidio y permanece internado en un centro de salud debido a las heridas por esquirlas de escopeta que sufrió durante los enfrentamientos del pasado lunes, cuando comunarios y efectivos policiales se enfrentaron violentamente.
En el audio, Joaquín C. insiste en su súplica: “Lo único que les pido es que no me abandonen, tengo miedo, no sé cómo voy a terminar mi situación jurídica”. Sus palabras reflejan vulnerabilidad ante el proceso penal que enfrenta.
El subteniente, de 28 años, fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Además, en la grabación manifiesta una profunda preocupación por su familia: “Solo tengo a mis hermanos, nadie es profesional, soy el único profesional. Ellos dependen siempre de mí. Siempre estoy para ellos, y abandonarles es abandonarme yo a mí mismo”.
En su declaración ante las autoridades, el uniformado admitió haber usado su arma de fuego durante el conflicto en Cotapachi. Sin embargo, aseguró que realizó disparos al piso “por prevención”, argumentando que él y otros policías fueron golpeados y amenazados por comunarios que incluso dijeron que los quemarían vivos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el policía reconoció el uso de su arma e informó que el subteniente relató las agresiones que, según él, lo llevaron a actuar de esa manera. Oviedo recordó además que los efectivos no están autorizados por reglamento a portar ese tipo de armamento en operativos como el realizado en Cotapachi, lo que complica aún más la situación legal del uniformado.
