La juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Sonia Judith Rivas, emitió un mandamiento de apremio contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por el presunto incumplimiento en el pago de sueldos devengados a favor de un grupo de exfuncionarios municipales. La orden judicial establece el ingreso del burgomaestre al penal de Palmasola hasta que se cancele la suma de Bs 747.318,80 correspondiente a salarios adeudados.
De acuerdo con el documento judicial, la autoridad jurisdiccional dispone que el alcalde “sea conducido a la cárcel pública de esta ciudad, centro de rehabilitación Santa Cruz Palmasola (sección varones), hasta que cumpla con el pago de sueldos devengados en la suma de Bs 747.318,80 a favor de los demandantes”. La resolución detalla una lista de más de dos decenas de personas beneficiadas por el fallo.
Entre los demandantes se encuentran Fernando Rosales, Robert Maceda, Juan Claure, Óscar Salas, Benjamín Padilla, Jhonny Medrano, Guery Coca, Tanto Cara, Juanito Chávez, José Luis Pedraza, Alcides Antelo, José Antonio Gutiérrez, Porfirio Álvarez, Walter Quiroz, Julio César Roca, Edson Ramos, Moisés Oyola, Benito Mamani, Luis Gustavo García, Lino Méndez, Bernardino Gumercindo Vargas, Moisés Villagómez, Juan Carbajal, Brandon Suárez y Carlo André Suárez, entre otros.
Robert Maceda, uno de los demandantes, explicó que el proceso judicial se originó tras la desvinculación de más de 80 funcionarios de distintas unidades y reparticiones municipales. Según indicó, este martes se emitió una resolución favorable para los trabajadores afectados. “Se trata de un caso por la desvinculación de más de 80 funcionarios, pero hoy salió una resolución a favor nuestra”, señaló.
No obstante, desde la Alcaldía de Santa Cruz se afirmó que la orden de apremio no tendría efecto. El vocero municipal, Bernardo Montenegro, sostuvo que los demandantes ya fueron reincorporados a sus funciones, por lo que no existiría incumplimiento alguno por parte del Gobierno municipal.
“Se quiere especular mucho sobre estos temas laborales, pero hay que aclarar que como institución debemos agotar todas las instancias judiciales para no generar responsabilidad”, manifestó Montenegro. Añadió que, al haberse reincorporado a las 27 personas que figuran como demandantes en este proceso, la orden de aprehensión quedaría sin efecto.
El vocero explicó además que el mandamiento de apremio es una medida coercitiva que solo procede en casos de incumplimiento. “En este caso no amerita, puesto que estamos demostrando que se ha dado estricto cumplimiento a la decisión judicial, una vez agotadas todas las instancias”, afirmó.
Montenegro precisó que se trataba de 27 funcionarios que debían ser reincorporados conforme al fallo judicial y que ya se procesó el pago correspondiente. Indicó que todos han sido reincorporados, con excepción de cuatro personas que aún no se presentaron para ser notificadas. “Se los está esperando para que puedan ser notificados y reincorporados”, concluyó.
