El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que la actuación del juez de Cuatro Cañadas, que admitió revisar la situación de los candidatos inhabilitados por la alianza SAO–ADN, puso en serio riesgo la realización de las elecciones subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo.
Según explicó Ávila, la acción judicial presentada ante un juzgado de Cuatro Cañadas pretendía que los candidatos inhabilitados vuelvan a participar del proceso electoral, una posibilidad que, de concretarse, habría generado una grave afectación al desarrollo normal de los comicios. “Lo que pedía esta acción es que estos candidatos vuelvan a participar y ello pone en riesgo las elecciones. Quiero que entiendan”, señaló la autoridad electoral.
El titular del TSE remarcó que el juez que admitió el recurso no tenía competencia para conocer el caso, ya que los demandantes corresponden a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras que los demandados se encuentran en la ciudad de La Paz, lo que vulnera las normas de jurisdicción y competencia establecidas por ley.
Ávila explicó que decisiones de este tipo generan un efecto en cadena que compromete todo el proceso electoral. Como ejemplo, mencionó el sorteo de la ubicación de las organizaciones políticas en las papeletas electorales, recordando que a nivel nacional existen más de 500 formatos distintos de papeletas. “Supongamos que un juez, vulnerando el principio de preclusión y de legalidad, ordene que una organización participe. ¿Dónde lo coloco? ¿Cómo repito ese acto? ¿Se tendría que modificar todo el calendario electoral?”, cuestionó.
Asimismo, el presidente del TSE recordó que el artículo 27 del reglamento electoral, en concordancia con la Constitución Política del Estado, establece de manera clara que los candidatos inhabilitados no pueden postularse nuevamente a través de otro partido político o alianza.
En ese marco, Ávila subrayó la magnitud del problema que se habría generado si se permitía la reincorporación de los inhabilitados. “Estamos hablando de un proceso electoral que tuvo 34 mil inscritos, de los cuales 26 mil fueron inhabilitados. Si existiera una sentencia o resolución que permita a los inhabilitados volver a inscribirse, estaríamos hablando de 26 mil ciudadanos”, advirtió, en referencia también a declaraciones del excandidato a la Gobernación, Juan Carlos Medrano, quien tras conocer la aprehensión del juez exigió que se respete su derecho a postular.
Este miércoles se conoció que el juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, retornó a sus funciones luego de haber sido liberado por el Ministerio Público. El juez era investigado a raíz de una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.
Quiroga fue arrestado el martes mediante una acción directa ejecutada por la Fiscalía, luego de haber admitido una acción de amparo constitucional que, según el Órgano Electoral, ponía en riesgo la realización de las elecciones subnacionales.
Spencer explicó que la denuncia del TSE señalaba que dicha acción tutelar estaba generando zozobra e incertidumbre en el proceso electoral. Añadió que el Consejo de la Magistratura, a través de sus unidades de Control y Fiscalización, verificó la existencia de una acción de amparo que aún no fue resuelta, situación que motivó el seguimiento y las acciones correspondientes en este caso.
