La situación en torno a la calidad de la gasolina en Bolivia ha encendido una creciente ola de cuestionamientos, denuncias y movilizaciones por parte de distintos sectores del transporte, mototaxistas y organizaciones cívicas, que aseguran haber sufrido daños económicos y mecánicos en sus vehículos a causa de un carburante que califican como de “mala calidad”. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que los combustibles cumplen con los estándares establecidos y afirma que se trabaja en la identificación de posibles responsables.
En los últimos días, las redes sociales se convirtieron en un espacio clave para la difusión de denuncias ciudadanas, donde conductores de diferentes regiones del país compartieron testimonios y evidencias de fallas mecánicas atribuidas al uso de gasolina. Ante esta situación, técnicos del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz emitieron una alerta tras identificar la presencia de carbonilla en el interior de los motores, un residuo generado por una combustión deficiente del combustible, que puede provocar daños progresivos y silenciosos en los sistemas mecánicos de los vehículos.
Los sectores movilizados cuestionan duramente que, pese a la eliminación de la subvención a los combustibles, la calidad del producto distribuido no solo no habría mejorado, sino que —según denuncian— habría empeorado. Aseguran que ahora enfrentan mayores gastos debido a la necesidad constante de llevar sus motorizados a talleres mecánicos, donde los técnicos advierten que las fallas se han vuelto recurrentes y presentan un mismo patrón de origen, presuntamente vinculado al combustible.
En medio de esta crisis, quienes se han visto beneficiados son los vendedores de repuestos y talleres mecánicos. Comerciantes del rubro señalan que las ventas aumentaron considerablemente en las últimas semanas, al punto de verse obligados a realizar nuevos pedidos para cubrir la creciente demanda de piezas y servicios de reparación.
La Confederación de Choferes de Bolivia se sumó a las críticas y exigencias, demandando al Gobierno un resarcimiento por los daños ocasionados por la supuesta mala calidad del carburante. Según esta organización, en departamentos como La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí se reportaron numerosos vehículos dañados, algunos incluso fuera de servicio.
El dirigente Lucio Gómez fue enfático al señalar que “sí o sí tiene que haber resarcimiento” para los afectados y fue más allá al pedir la destitución de autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar toda la cadena productiva de los hidrocarburos en el país.
Las protestas se intensificaron en distintos puntos del territorio nacional. Choferes del transporte público de La Paz y Cochabamba instalaron medidas de presión exigiendo una respuesta inmediata y compensaciones por los daños sufridos. En Oruro, transportistas se movilizaron hasta las puertas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mientras que en Santa Cruz, mototaxistas de Montero y del norte cruceño bloquearon rutas denunciando que la gasolina está “dañando rotundamente los motores” y anunciaron un paro indefinido hasta que sus demandas sean atendidas.
