El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció la existencia de un supuesto “operativo político” en su contra luego de la difusión de un video en el que aparece reunido con un grupo de interculturales. La autoridad rechazó de manera enfática las acusaciones que señalan que habría negociado con presuntos avasalladores para evitar desalojos.
La controversia se desató después de que el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Hugo Salvatierra, hiciera públicas imágenes de un encuentro que, según indicó, tuvo lugar el pasado 21 de febrero en la provincia de Guarayos. En el material difundido se observa a Camacho dialogando con varias personas, lo que generó cuestionamientos y críticas sobre una aparente contradicción en su postura frente a los avasallamientos de tierras.
Ante estas acusaciones, Camacho sostuvo que se intenta instalar una narrativa falsa para perjudicar su imagen en un contexto político sensible. “Hacen creer que nosotros estamos negociando con los avasalladores para evitar el desalojo y eso es totalmente falso”, afirmó. En esa línea, aseguró que se trata de una estrategia con fines políticos, especialmente considerando la cercanía de la jornada electoral.
El gobernador también cuestionó la forma en que se difundió el video, señalando que el material fue editado de manera parcial. Según explicó, el contenido habría sido “cortado abruptamente”, lo que, a su juicio, distorsiona el contexto real de la reunión. Asimismo, recordó que en reiteradas ocasiones ha manifestado que su gestión hará respetar la ley y que los desalojos se ejecutarán únicamente en casos donde se comprueben tomas ilegales de tierras.
Camacho explicó que su presencia en dicho encuentro respondió a la necesidad de “dar la cara” ante distintos sectores y dejar en claro que se actuará conforme a la normativa vigente en todos los casos relacionados con avasallamientos.
Por su parte, Salvatierra cuestionó la actuación del gobernador y aseguró que en la reunión participaron personas que estarían siendo investigadas por este tipo de delitos, lo que —según su criterio— genera dudas sobre la posición actual de la autoridad departamental.
Pese a las críticas, Camacho reiteró que su línea de acción no ha cambiado y reafirmó su compromiso de aplicar la ley sin excepciones. “Donde haya avasallamiento, vamos a sacar como corresponde y como la ley lo manda”, enfatizó, insistiendo en que su administración mantendrá una postura firme frente a este problema.
