La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) emitió este miércoles un pronunciamiento público en el que exige a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ejecutar de manera inmediata acciones de control que permitan garantizar la calidad de la gasolina que actualmente se distribuye en los surtidores del país. La casa de estudios superiores manifestó su preocupación ante el creciente número de denuncias por fallas en vehículos presuntamente relacionadas con el combustible.
En el comunicado, la UMSA advierte que la cantidad de motorizados afectados continúa incrementándose de forma acelerada, lo que ha provocado una sobredemanda en los servicios de reparación. Según señalan, los talleres mecánicos ya se encuentran sobrepasados en su capacidad de atención, evidenciando la magnitud del problema que afecta tanto a conductores particulares como al transporte público.
Asimismo, la institución académica expresó su rechazo a la forma “poco clara y desordenada” en la que las autoridades están enfrentando esta situación, cuestionando la falta de soluciones concretas ante un problema que, aseguran, aún no ha sido resuelto. En ese sentido, advirtieron que esta crisis podría dejar secuelas a futuro en el parque automotor del país.
El documento también resalta el impacto económico que esta problemática genera en la población. “Esta situación genera enormes perjuicios económicos al usuario, sea particular o público, lo que repercute directamente en la economía nacional”, señala el pronunciamiento, enfatizando que los costos de reparación y mantenimiento están recayendo sobre los ciudadanos.
En cuanto a las responsabilidades, la UMSA pide a YPFB exigir la devolución total del combustible defectuoso al proveedor, además de gestionar el cobro por daños y perjuicios ocasionados a nivel nacional. En esa línea, la universidad sostiene que la estatal petrolera no debe asumir costos por la corrección de un producto que llegó fuera de norma ni aceptar gasolina que haya sido modificada para cumplir con los estándares.
“La gasolina corregida no puede ser aceptada por YPFB aunque el proveedor cubra todos los gastos que esa corrección implique”, enfatiza el comunicado, reiterando la necesidad de garantizar que el combustible que ingresa al país cumpla plenamente con la normativa vigente.
Finalmente, la UMSA reiteró su postura crítica frente al manejo de este conflicto, insistiendo en que la falta de claridad y orden en la gestión de las autoridades agrava la situación y pone en riesgo tanto la economía de los usuarios como la estabilidad del sistema de transporte en Bolivia.
