El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció una serie de presuntas irregularidades en el proceso electoral desarrollado en San Ignacio de Velasco, señalando manipulación informática y alteración de resultados. Ante este escenario, anunció la posible ejecución de medidas de presión, entre ellas un paro cívico, por el riesgo de un supuesto fraude electoral.
El dirigente cuestionó duramente la transparencia del proceso y rechazó las versiones oficiales que lo califican como legítimo. “Mienten. Todo eso es falso”, afirmó, al sostener que el acto electoral carece de legalidad, legitimidad e idoneidad.
Según Cochamanidis, el sistema informático habría sido utilizado para modificar los resultados, alterar la posición de los candidatos e incluso —según su denuncia— inhabilitar a uno de ellos pocas horas antes de la votación. “Esto ha sido una manipulación informática. Hay responsables y queremos saber quién dio la orden”, manifestó, asegurando que existen actas, correos electrónicos y documentación que respaldarían estas acusaciones.
Asimismo, indicó que dos fuerzas políticas que inicialmente estaban inhabilitadas habrían sido incorporadas posteriormente en la papeleta electoral, lo que —según dijo— incidió directamente en los resultados finales. “Todo lo han movido para beneficiar a quienes ellos quieren”, agregó.
El líder cívico también reveló que sostuvo reuniones con autoridades del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, quienes se habrían comprometido a buscar soluciones a las observaciones planteadas. Sin embargo, denunció que, en lugar de atender las demandas, el ente electoral ratificó los resultados de la votación realizada el 22 de marzo, lo que generó malestar en la población de San Ignacio.
A estas denuncias se sumó el presidente del Comité Cívico local, Roberto Durán, quien calificó el proceso como una “burla” y anunció acciones inmediatas. “Esperábamos resultados, no mentiras. Es una bola de nieve donde se pasan la responsabilidad entre ellos”, expresó, cuestionando inconsistencias en las actas y la falta de respuestas por parte de las autoridades electorales.
Durán confirmó que se enviará una carta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, solicitando su intervención en el caso. Además, advirtió que se activarán medidas de presión si no se esclarecen las denuncias.
“San Ignacio no es canchón de nadie. No van a venir a imponernos autoridades”, enfatizó, al señalar que se analiza la convocatoria a un paro cívico e incluso la realización de un cabildo.
Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la votación en San Ignacio de Velasco resultó clave para la conformación de la Asamblea Legislativa Departamental, lo que incrementa la tensión política en la región.
En paralelo, los comités cívicos insisten en la realización de una auditoría técnica al proceso electoral y en la identificación de posibles responsables, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
Por otro lado, con el cómputo electoral prácticamente cerrado, se dio a conocer la distribución preliminar de escaños en la Asamblea Legislativa Departamental. La agrupación Libre alcanzó 10 asambleístas, Creemos–Patria obtuvo 7, Santa Cruz para Todos 3, Demócratas 2 y el Movimiento Tercer Sistema 1. Aún resta definir la representación de cinco escaños correspondientes a los pueblos indígenas para completar los 28 miembros del órgano legislativo.
Sin embargo, surgieron nuevas denuncias en torno al conteo de votos. Andrea Torrico, candidata a la Asamblea Legislativa Departamental por la provincia Chiquitos, denunció ante vocales del tribunal electoral y autoridades cívicas un supuesto “robo” en la mesa 4 del recinto de la Unidad Educativa Sagrada Familia, en el municipio de Roboré.
Según detalló, en el acta se habrían eliminado 47 votos que, de ser contabilizados correctamente, le permitirían obtener la delantera como asambleísta territorial de su provincia, en detrimento del candidato de la alianza Creemos–Patria.
