La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) junto a las nueve asociaciones departamentales del país han levantado una enérgica denuncia por intimidación contra el abogado Carlos Guido Rondón Escobar, dirigida específicamente hacia el periodista Guider Arancibia Guillén del diario EL DEBER, así como hacia la abogada Raquel Guerrero, representante de la ANPB y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
El incidente tuvo lugar el 11 de junio, cuando Rondón Escobar, quien se encuentra entre los postulantes para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se presentó de manera acompañada por varios abogados en las oficinas de EL DEBER en Santa Cruz. La visita se debió a una publicación del 9 de junio que lo implicaba en un caso de ultraje físico a una joven según un informe psicológico.
En lugar de abordar el asunto conforme a los procedimientos legales pertinentes, Rondón Escobar optó por intimidar y amenazar de manera vehemente. Mostrando fotografías de Arancibia y Guerrero en su celular, lanzó una amenaza directa hacia el periodista: “…Quiero hablar con alguien, a él no me lo traigan, a él lo voy a reventar…”. Además, acusó a la abogada Guerrero de participar en una presunta campaña de desprestigio en su contra.
A pesar de esta conducta reprochable, EL DEBER, en cumplimiento del derecho a réplica y buscando la transparencia, entrevistó a Rondón Escobar el 14 de junio y publicó una nota titulada “Acusado de violencia afirma que la víctima desistió del juicio”.
Sin embargo, dos días después, los abogados que acompañaron a Rondón Escobar durante su ingreso agresivo a las oficinas de EL DEBER presentaron una solicitud en nombre de la supuesta víctima, solicitando la eliminación de toda la información publicada sobre el caso de violencia doméstica, claramente con la intención de censurar el trabajo periodístico.
La ANPB emitió un comunicado expresando su indignación: “Denunciamos que la intimidación y amenazas contra el periodista Guider Arancibia Guillén constituyen graves atentados contra la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de la población. En el caso de la abogada Raquel Guerrero, estas acciones no solo menoscaban su dignidad como mujer, sino que también violan las garantías para el ejercicio profesional de la abogacía sin interferencias indebidas”.
El comunicado también condena la conducta de Rondón Escobar, subrayando que “como cualquier otro ciudadano, debiera someterse estrictamente al cumplimiento de la ley y a las investigaciones que esclarezcan, sin lugar a dudas, las denuncias de hechos de violencia machista”.
Esta situación ha puesto en el centro del debate la libertad de prensa y el respeto a los derechos fundamentales en Bolivia, generando un llamado a la protección de los periodistas y al rechazo de cualquier forma de intimidación o censura contra la labor informativa.
