La justicia ha concedido la libertad condicional a Sandra Velarde, ex secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, durante una audiencia realizada este jueves en el Palacio de Justicia, en el marco del caso conocido como “contratos irregulares”. Esta decisión se produce después de que Velarde fuera condenada el 22 de diciembre de 2022 a tres años de prisión en la cárcel de Palmasola por su implicación en dicho caso, en el que se le encontró culpable de varios delitos, entre ellos uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, y falsedad material e ideológica.
La condena de Velarde fue resultado de un procedimiento abreviado, en el cual aceptó su responsabilidad en la contratación irregular de 1.205 personas durante la campaña electoral municipal de 2021, llevada a cabo en la última fase de la gestión del partido Santa Cruz Para Todos (SPT), bajo el liderazgo de Angélica Sosa. Este hecho se considera una grave violación de los procedimientos administrativos y ha tenido un significativo impacto económico y legal para la exfuncionaria.
Después de cumplir más de la mitad de su condena, Velarde, a través de su abogado, solicitó la suspensión condicional de la pena, lo que derivó en la audiencia de este jueves. El juzgado de sentencia que presidió la audiencia falló a favor de Velarde, permitiéndole salir de la cárcel de Palmasola bajo ciertas condiciones. Entre las medidas impuestas, se encuentra la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, la restricción de arraigo que le impide salir del país, y la prohibición de acercarse a otros investigados en este proceso penal. Estas medidas tienen como objetivo asegurar que Velarde cumpla con los requisitos legales mientras se mantiene bajo la supervisión de las autoridades.
Además de la pena de prisión, la Procuraduría General del Estado (PGE) impuso a Sandra Velarde una sanción económica significativa. Según un comunicado oficial de la PGE, se le ha ordenado el pago de Bs 32.493.970 al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra como resarcimiento civil por los daños causados en el caso de los “contratos irregulares”. La PGE destacó que este resultado es un logro inédito, producto de una acción penal y civil llevada a cabo con rigor y conforme a las facultades otorgadas por la Constitución y la normativa legal vigente. Esta sanción económica se suma a las penas impuestas en su contra, aumentando el peso de las consecuencias de sus actos en la administración pública.
Sandra Velarde enfrenta otros procesos judiciales. Anteriormente, fue condenada a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes en relación con las irregularidades detectadas en la implementación del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT). Esta condena ya ha sido cumplida por Velarde, lo que significa que su salida de Palmasola se produce bajo la libertad condicional obtenida por el caso de los “contratos irregulares”.
A pesar de su liberación condicional, Velarde aún enfrenta un tercer proceso legal de gran envergadura: el caso de los “ítems fantasmas”. En este caso, ya existe una acusación formal en su contra, y deberá defenderse en libertad mientras continúa el proceso judicial. La situación legal de Velarde sigue siendo compleja, ya que deberá enfrentar las consecuencias de los múltiples procesos en los que está involucrada, manteniéndose bajo la vigilancia de las autoridades hasta que se resuelvan todos los casos pendientes.