La Gobernación de Santa Cruz ha revelado que la empresa Bioservice S.R.L. fue responsable del servicio de catering que provocó la intoxicación de más de 200 brigadistas durante la campaña de vacunación canina contra la rabia. El secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Eduardo Correa, informó este martes que se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental contra Bruno B.B.A., representante legal de la empresa, y contra Rubén Darío P.S., un funcionario del Servicio Departamental de Salud (Sedes), por los presuntos delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes.
Correa explicó que la denuncia surge a raíz de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación del servicio de catering. De acuerdo con la investigación preliminar, Rubén Darío P.S., quien se desempeñaba como auxiliar administrativo del programa de Zoonosis del Sedes, realizó la contratación de manera personal, sin la representación oficial de la Gobernación. Esta anomalía ha generado sospechas sobre la transparencia y legalidad del proceso. “Nos llama la atención que este funcionario haya suscrito el contrato a título personal, sin representación oficial de la Gobernación”, señaló Correa, quien también cuestionó cómo esta empresa, que ya había sido contratada de manera similar en 2023, logró obtener nuevamente el contrato en 2024.
La Gobernación ha solicitado toda la documentación relacionada con la contratación de Bioservice S.R.L. para esclarecer los hechos y cooperar con la investigación del Ministerio Público. Se espera que la Fiscalía admita la denuncia en los próximos días y que se inicie el proceso de toma de declaraciones a los implicados. Correa no descartó la posibilidad de que el director del Sedes, Jaime Bilbao, sea llamado a declarar en calidad de testigo para aclarar su participación en el programa y su conocimiento sobre las irregularidades.
El caso ha generado fuertes críticas, especialmente por parte de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes), que ha acusado al Sedes de encubrir a la empresa responsable y de minimizar la gravedad del incidente. Rocío Rivera, secretaria general de Fesirmes, subrayó la seriedad de la situación: “Esto fue una intoxicación alimentaria que afectó a cientos de personas, y el Sedes debe asumir su responsabilidad”.
La investigación en curso buscará determinar la responsabilidad de los involucrados y las posibles sanciones para quienes resulten culpables, mientras que la Gobernación de Santa Cruz se compromete a garantizar la transparencia en la resolución de este grave incidente de salud pública.
