La mujer implicada en la agresión al juez Público Primero de Familia de Montero, Luis Eder Ávila Pérez, fue beneficiada con arresto domiciliario y deberá cumplir con varias medidas adicionales, como someterse a terapia psicológica. El incidente ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando la agresora mostró un comportamiento extremadamente violento en las oficinas del juez, resultando en heridas en la cabeza de Ávila Pérez.
El fiscal Luis Alberto La Fuente imputó a la acusada por los delitos de lesiones graves y leves, allanamiento de domicilio y amenazas. La audiencia cautelar se realizó ante el juez de Montero, Walter Paredes, quien, después de escuchar los argumentos de ambas partes, dictó el arresto domiciliario como medida cautelar. Además, la acusada tiene prohibido acercarse a la víctima, debe someterse a terapia psicológica, presentar dos garantes personales y acudir semanalmente al Ministerio Público.
La mujer aceptó un procedimiento inmediato, lo que implica que la investigación debe concluir en un plazo de 30 días. Durante la audiencia, la imputada reveló que está envuelta en una disputa legal con su exesposo por la custodia de su hijo menor, a quien no ha podido ver en más de un año. Atribuyó su ataque al juez a la desesperación y frustración por la situación.
El juez agredido recibió el respaldo de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, liderada por Marianela Salazar, así como de la comisión de seguridad de la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia (Amabol), representada por el abogado Beimar Campos. Durante la audiencia, la defensa del juez presentó documentos que señalan que la imputada había sido denunciada previamente por otra mujer, quien también afirmó haber sido víctima de agresiones físicas por parte de la acusada.
