El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), ha sido citado a declarar como testigo el próximo 21 de octubre en el juicio por las muertes de civiles ocurridas durante la crisis política de 2019. Este conflicto estalló tras su renuncia, momento en el que Morales denunció haber sido víctima de un “golpe de Estado”. En este proceso judicial, la exmandataria interina, Jeanine Áñez (2019-2020), es la principal acusada.
El exministro de Justicia, Iván Lima, quien renunció a su cargo recientemente, también ha sido llamado a declarar como testigo en el caso. Lima era considerado una de las figuras más importantes del gabinete del actual presidente, Luis Arce. Las citaciones fueron anunciadas por el juez David Kasa, del Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, como parte del juicio por el caso “Senkata”. Esta planta de combustibles, ubicada en la ciudad de El Alto, fue el centro de violentas protestas en 2019, en las que fallecieron 10 personas.
Luis Guillén, abogado defensor de Áñez, confirmó a la agencia EFE que tanto Morales como Lima han sido convocados, y añadió que se están gestionando las citaciones correspondientes. El juicio ordinario contra Áñez se centra en las muertes ocurridas durante los enfrentamientos en Senkata, en el contexto de las denuncias de fraude electoral a favor de Morales, que desembocaron en su renuncia el 10 de noviembre de 2019.
La audiencia programada para el próximo lunes se denomina “de excepción de incompetencia”, y los abogados de Áñez intentarán una vez más demostrar que, como exmandataria, a Áñez le corresponde ser juzgada bajo un proceso de responsabilidades, y no por la vía ordinaria.
Áñez enfrenta múltiples procesos legales, entre ellos el caso “golpe de Estado I”, en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración, junto a otros opositores como el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari. Todos ellos están vinculados a los acontecimientos que llevaron a la crisis política de 2019.
En octubre de 2019, Bolivia se sumió en una crisis política y social tras las elecciones generales del 20 de octubre, en las que Morales fue señalado de fraude electoral. Luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) publicara un informe preliminar sobre las irregularidades, Morales anuló los comicios y convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2019, Morales dimitió, alegando que había sido forzado a dejar el cargo en un “golpe de Estado”.
El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, sostiene que Jeanine Áñez asumió la Presidencia de manera irregular, violando los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. La defensa de Áñez, por su parte, argumenta que ella asumió la Presidencia de manera constitucional debido al “vacío de poder” que dejó la renuncia de Morales, su vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras legislativas.
Áñez ha estado detenida desde marzo de 2021 y fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado II”, que se enfoca en cómo asumió la Presidencia interina tras la crisis de 2019.
