El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ratificó este miércoles que la tarifa del pasaje en micro se mantendrá en Bs 2, exigiendo al alcalde Jhonny Fernández presentar un estudio de costos adecuado para abordar la situación tarifaria del transporte urbano. La presidenta del Concejo, Silvana Mucárzel, fue contundente al responsabilizar al alcalde por no cumplir con los requisitos legales. “El pecado del Concejo Municipal es cumplir la ley, es exigirle al alcalde Jhonny Fernández que presente un estudio técnico para debatir el tema de las tarifas. Le decimos de frente: señor alcalde, cumpla la ley. Actúe con honestidad y no pretenda eludir sus responsabilidades”, afirmó Mucárzel.
La demanda del Concejo se centra en la necesidad de un estudio de costos exhaustivo, en lugar de un informe técnico basado en mesas de trabajo con el sector del transporte, como el que ha sido propuesto hasta ahora. Mientras los concejales pedían transparencia y cumplimiento de la normativa, el conflicto escaló fuera del edificio municipal, donde choferes de microbuses bloquearon y cercaron las instalaciones durante más de ocho horas en protesta por la falta de avances en la resolución de sus demandas.
Durante la sesión, los concejales recibieron a los dirigentes del transporte, a quienes reiteraron la posición del Concejo frente al tema tarifario. Mucárzel, junto a otros concejales, acusó al alcalde Fernández de no asumir su responsabilidad ante la ciudadanía y de ofrecer respuestas insuficientes sobre el análisis de costos que justificaría una revisión de tarifas.
Además, el Concejo denunció el uso de fuerza por parte de algunos manifestantes, que habrían incurrido en actos de violencia afectando a mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y otros ciudadanos que se encontraban en el lugar. La protesta llegó a un punto crítico cuando efectivos de la Policía intervinieron y dispersaron a los transportistas utilizando agentes de gas lacrimógeno, lo que generó momentos de tensión en el centro de la ciudad.
Este enfrentamiento deja en evidencia la creciente pugna entre el Concejo Municipal y la administración del alcalde Fernández, en un contexto en el que los ciudadanos exigen soluciones justas para el sector del transporte, mientras el Concejo insiste en la necesidad de un proceso transparente y acorde con la ley para cualquier cambio en las tarifas.
