El veto a las exportaciones de aceite comestible, vigente desde hace semanas, continúa generando fricciones entre el Gobierno boliviano y los productores del sector oleaginoso. Una reunión clave sostenida este jueves entre ambas partes no logró destrabar la situación, pese a los esfuerzos de los industriales por demostrar el cumplimiento en el abastecimiento interno.
Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), expresó su decepción tras la reunión, señalando que el Gobierno aún mantiene la prohibición de exportación. «A pesar de haber comprobado que hay abastecimiento en los mercados de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, el Gobierno considera que todavía hay problemas en ciertas zonas, como La Paz, y ha decidido no levantar la suspensión», explicó.
Amantegui indicó que los retrasos en la distribución del aceite en algunas regiones se deben a factores logísticos y al contrabando. «Es más complicado trasladar productos al mercado paceño o cochabambino, y cuando llegan, la gente adquiere grandes cantidades», afirmó.
En un comunicado, Caniob subrayó que las industrias han cumplido con lo acordado, incluyendo la estabilización de precios en Bs 11 para aceite embotellado y Bs 10 para aceite a granel, y garantizaron despachos suficientes a las principales ciudades del país. Sin embargo, lamentaron que el veto persista, acusando un trasfondo político en la medida.
Advirtieron que la restricción en las exportaciones perjudica gravemente la cadena productiva, ya que reduce los ingresos en divisas necesarias para adquirir materia prima, como grano de soya. Esto, alertaron, podría desencadenar una crisis en la producción de alimentos esenciales como pollo, cerdo y leche, a partir de enero.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, justificó la medida, señalando que persisten irregularidades en el abastecimiento interno. «Hemos pedido a las industrias redoblar esfuerzos para garantizar la provisión de aceite en todos los mercados», declaró tras la reunión.
El viceministro de Defensa al Usuario y Consumidor, Jorge Silva, citó un incidente ocurrido en la terminal de La Paz, donde se hallaron grandes cantidades de aceite argentino de contrabando. Esto, aseguró, evidencia la necesidad de mantener los controles.
Huanca negó categóricamente que la prohibición tenga connotaciones políticas y defendió la medida como un mecanismo para proteger el acceso de las familias bolivianas a productos esenciales. «Solo levantaremos el veto cuando estemos seguros de que el mercado interno está completamente abastecido», enfatizó.
Ante la falta de acuerdos, Caniob anunció que convocará a las industrias para evaluar la situación y definir posibles acciones en defensa de la cadena productiva. Asimismo, el Gobierno aseguró que las reuniones de evaluación continuarán de forma periódica y que se intensificarán los controles en los centros de abasto.
El sector oleaginoso y el Gobierno mantienen posiciones encontradas sobre el impacto del veto, mientras las familias bolivianas esperan una pronta solución para evitar un posible desabastecimiento y alza en los precios de alimentos básicos.
