El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, reafirmó su compromiso en la defensa de los terrenos del mercado Mutualista, tras una polémica desatada por la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que favorece a la familia Crapuzzi en un litigio por estas áreas. En una conferencia de prensa ofrecida la noche del martes, Fernández señaló que el caso está sustentado en documentación oficial que respalda la titularidad del Gobierno Municipal sobre el terreno.
Fernández explicó que los antecedentes de los predios están avalados por planos, ordenanzas municipales y pruebas que se remontan a 1933, cuando el terreno fue expropiado y pagado a sus antiguos propietarios. «Ahí está la historia del mercado Mutualista», enfatizó. Además, aseguró que el Ejecutivo municipal entregó información y asistió a audiencias públicas para respaldar su posición, suministrando comprobantes sobre la adquisición legal de los terrenos en 1933 y 1944.
El alcalde manifestó su descontento con la sentencia del TCP, calificándola de «aberrante» e indicando que se tomarán acciones legales contra los magistrados que la emitieron. Subrayó que la decisión del Tribunal afecta directamente al Concejo Municipal, ya que fue este órgano el que presentó la demanda, mientras que el Ejecutivo solo se constituyó como tercero interesado.
Fernández también aseguró que el Gobierno Municipal no ha sido notificado formalmente con la sentencia. Sin embargo, indicó que, de recibir la notificación, se procederá conforme a la ley, defendiendo el derecho propietario registrado en Derechos Reales a favor del Gobierno Municipal.
Otto Richter, abogado de los comerciantes del mercado Mutualista, también expresó su rechazo al fallo del TCP y a su respuesta a la solicitud de complementación y enmienda. Según Richter, el Tribunal actuó de forma “ilegal e irracional” al considerar extemporáneo el recurso presentado, argumentando que los plazos debían computarse en días hábiles y no incluir horarios nocturnos o fines de semana.
Richter reprochó además la falta de pronunciamiento de instituciones como el Comité Pro Santa Cruz y del gobernador Mario Aguilera, señalando que el fallo pone en riesgo 100 millones de dólares para Santa Cruz.
