El gabinete ministerial aprobó este miércoles el Decreto Supremo 5313, cuyo objetivo principal es optimizar los requisitos, procedimientos y plazos relacionados con la importación y comercialización de combustibles líquidos, como diésel y gasolina, en Bolivia. Esta normativa busca fomentar la participación de nuevos actores en el mercado y garantizar un suministro más eficiente de combustibles para diversos sectores estratégicos.
De acuerdo con el artículo 1 del decreto, se busca simplificar la comercialización de combustibles importados por personas naturales y jurídicas privadas. Entre las modificaciones más destacadas, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, señaló:
- Homologación de certificados de calidad
Se agiliza el proceso de homologación de certificados emitidos por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca). Ahora, la presentación del certificado original o una copia legalizada con firma digital será suficiente para cumplir este requisito, eliminando demoras innecesarias. - Ampliación de entidades certificadoras
Anteriormente, solo Ibnorca estaba autorizado para certificar el almacenamiento en tanques. Con este decreto, otras entidades podrán realizar esta certificación, ampliando la capacidad operativa de los importadores y facilitando la entrada de nuevos participantes en el mercado. - Reformas en la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC)
Se redujeron los requisitos para el registro en la DGSC, estableciendo un plazo máximo de 10 días para reglamentar los procedimientos. Los registros vigentes podrán renovarse de forma directa, mientras que los nuevos solicitantes accederán a un trámite más ágil. Además, las autorizaciones de compra local tendrán una vigencia ampliada de 30 a 120 días, con la posibilidad de gestionar permisos de importación.
El decreto también establece la exención del gravamen arancelario para la importación de gasolinas durante un año, alineándose con las actuales exenciones para petróleo y diésel. Esta medida busca reducir costos y beneficiar sectores clave como la agroindustria y la minería, que cuentan con divisas para invertir en esta actividad.
Además, se amplía la vigencia de la normativa de uno a tres años, lo que brinda mayor estabilidad a las empresas importadoras y fomenta la inversión en el sector energético.
El ministro Gallardo afirmó que estas medidas fortalecerán la economía nacional y garantizarán el abastecimiento energético, especialmente para sectores estratégicos que demandan combustibles en grandes volúmenes. “El Gobierno impulsa un sistema más eficiente y accesible que beneficiará a todos los bolivianos”, concluyó.
