Cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrentan denuncias por delitos como resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, usurpación de funciones y nombramientos ilegales. Estos exfuncionarios solicitaron declarar de manera virtual ante el comité del Ministerio Público debido a problemas para viajar a La Paz. Sin embargo, durante la audiencia, se acogieron a su derecho a guardar silencio, lo que derivó en la suspensión de la sesión.
Los magistrados denunciados son Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Cornejo Gallardo y Brígida Vargas Barañado. Dos denuncias en su contra fueron presentadas ante la Cámara de Diputados. La primera fue interpuesta por María Oporto Balboa y René Navarro Miranda, mientras que la segunda fue promovida por Wilson Santamaría, quien incluyó a todos los magistrados autoprorrogados.
Según Lidia Tupa, diputada del MAS del ala arcista, pese al silencio de los denunciados, la investigación continuará con la recopilación de información y documentos. Además, enfatizó que la parte denunciante será clave para probar los hechos mediante diferentes medios.
Al tratarse de magistrados del TCP, están protegidos por la Ley 044, que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado. Este marco legal establece un proceso en varias etapas:
- Investigación inicial: La denuncia es presentada ante la Cámara de Diputados, donde el comité del Ministerio Público actúa como investigador y elabora un informe.
- Acusación formal: Este informe es elevado a la Comisión de Justicia Plural, que realiza el papel de fiscal y presenta la acusación ante un juez de instrucción, representado por la propia Cámara de Diputados.
- Decisión legislativa: La Cámara de Diputados, con mayoría del MAS, debe aprobar el proceso por dos tercios de votos para remitirlo al Senado.
- Juicio final: La Cámara de Senadores actúa como juez de sentencia, emitiendo un fallo que también requiere el voto de dos tercios de sus integrantes.
En 2024, denuncias similares contra los magistrados fueron anuladas bajo la presidencia de Froilán Mamani, diputado del MAS. Este antecedente ha generado dudas sobre la imparcialidad del proceso actual, ya que las principales instancias involucradas están controladas por el ala arcista del partido oficialista.
