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APREHENDEN A JUEZ Y TRES INSCRIPTORAS DE DERECHOS REALES POR PRESUNTO DESVÍO DE BS 2 MILLONES
Cuatro funcionarios de las oficinas de Derechos Reales fueron aprehendidos este jueves, tras presentarse a declarar en calidad de denunciados por el presunto desvío de al menos Bs 2.000.000. Se trata de un juez registrador y tres inscriptoras, quienes fueron trasladados a las celdas de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicadas en el Plan 3.000, donde permanecen a la espera de ser presentados ante un juez cautelar para la definición de su situación jurídica.
Inicialmente, los cuatro funcionarios fueron convocados a declarar como testigos en el marco de la investigación sobre la sustracción de fondos en Derechos Reales. Sin embargo, luego de evaluar las pruebas y testimonios recabados, la Fiscalía determinó su aprehensión, al encontrar indicios suficientes para investigarlos como presuntos autores del delito.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que la decisión de aprehenderlos se tomó luego de un análisis minucioso de las diligencias investigativas previas, las declaraciones testificales y los informes preliminares de auditoría interna realizados por la institución afectada. Además, destacó que la revisión de diversas actuaciones policiales permitió recolectar suficientes elementos de convicción para emitir la resolución fiscal de aprehensión, en el marco del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Zeballos detalló que la investigación en contra del juez registrador y las tres inscriptoras se amplió por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la Delcc y la Fiscalía, los cuatro funcionarios habrían modificado de manera irregular los montos de los pagos efectuados por los usuarios en los registros de Derechos Reales, lo que ocasionó una afectación económica de al menos Bs 2.000.000 al Estado.
El fiscal Zeballos explicó que las inscriptoras contaban con acceso a un usuario y contraseña dentro del sistema de Derechos Reales, lo que les permitía realizar alteraciones en los registros financieros. Según las pesquisas, estos accesos fueron otorgados con la autorización del juez registrador, quien habría facilitado que las funcionarias ingresaran al sistema utilizando credenciales que no les correspondían.
“Con estas acciones, los implicados realizaban inscripciones hipotecarias y gravámenes sobre inmuebles, en los cuales se identificaron modificaciones irregulares en los montos que debían pagarse por concepto de aranceles”, detalló Zeballos.
