El Juzgado Segundo de Partido Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz ordenó la detención preventiva de cuatro funcionarios de las oficinas de Derechos Reales, incluidos un juez registrador y tres inscriptoras, por su presunta implicación en un caso de corrupción que habría generado un perjuicio económico de al menos Bs 2.000.000 al Estado.
El juez registrador Juan Miguel V. deberá cumplir 90 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras que las inscriptoras Sara M. y Carmiña J. cumplirán 30 días de reclusión. La determinación fue emitida por el juez Juan Pablo Esquivel, titular del Juzgado Segundo de Partido.
Por otro lado, la inscriptora Nadia D. fue beneficiada con medidas sustitutivas, debiendo presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y tiene prohibido salir del país. Su audiencia cautelar no pudo realizarse en igualdad de condiciones, ya que se encontraba internada en una clínica privada.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que los implicados fueron imputados por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones realizadas por la División Económica y Financiera de la FELCC (Delcc) y la Fiscalía revelaron que los funcionarios alteraban los montos de pagos de usuarios dentro de los registros de Derechos Reales. A través de esta práctica irregular, lograban modificar los costos de inscripción de hipotecas y gravámenes de inmuebles, evitando que los montos reales fueran percibidos por el Estado.
“Se ha identificado que estas funcionarias tenían acceso a un usuario y contraseña dentro del sistema y que realizaban modificaciones con autorización del registrador de Derechos Reales. A través de estas alteraciones, manipulaban documentos observados y reducían los montos de los aranceles que debían ser cancelados”, explicó Zeballos.
