La Fiscalía de Santa Cruz desestimó la denuncia presentada contra el alcalde Jhonny Fernández por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y usurpación de funciones. La fiscal de materia, Francy Gambarte, determinó que el caso no constituye un delito, ya que el hecho denunciado es «atípico», es decir, no encaja en ninguna figura penal contemplada en la normativa vigente.
La denuncia fue interpuesta por los concejales Rolando Pacheco y Marcelo Vidaurre, quienes argumentaron que la fijación de la nueva tarifa del transporte público, establecida en Bs 2,30 mediante un decreto municipal, debía ser competencia exclusiva del Concejo Municipal. Sin embargo, la fiscalía rechazó este planteamiento.
En su resolución, Gambarte aclaró que la Ley Autonómica 1216/2019 no establece de manera explícita que la aprobación de tarifas del transporte público sea una atribución exclusiva del Concejo Municipal. Por lo tanto, no se puede determinar que el alcalde haya excedido sus funciones o usurpado competencias de los legisladores municipales.
Asimismo, la fiscal indicó que existe una “aparente contrariedad” entre el decreto municipal 08/2023 y la normativa vigente, lo que genera una ambigüedad jurídica. Sin embargo, aclaró que esto no implica que Fernández haya cometido un delito al emitir el decreto tarifario.
En cuanto a la acusación de resoluciones contrarias a la CPE, Gambarte explicó que cualquier cuestionamiento en este sentido debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que es la instancia competente para determinar si la medida adoptada por el alcalde vulnera la Carta Magna.
