El caso de Moisés Sebastián de Sousa, acusado de participar en el robo de tres joyerías en el mercado Los Pozos, ha dado un giro inesperado. La información divulgada el 2 de marzo por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre la expulsión de Sousa de Bolivia ha sido desmentida por su abogada defensora, Darly Franco. Según Del Castillo, Moisés Sebastián de Sousa había sido entregado a la Policía Federal de Brasil en la frontera del municipio de San Matías, junto con su compatriota Marco Antonio Pereira Lima, ambos involucrados en el caso.
Del Castillo había asegurado, a través de sus redes sociales, que Sousa estaba siendo investigado en Brasil por un delito de violencia doméstica, y que no existía una orden de captura en su contra. Sin embargo, este anuncio fue refutado cuando, el 9 de marzo, Moisés Sebastián de Sousa fue aprehendido en Santa Cruz, en la calle Toborochi del barrio Terrado, tras un allanamiento en la vivienda de una mujer. Durante la operación, la policía encontró en su poder una pistola calibre 9 milímetros, municiones y varios teléfonos celulares. La captura fue confirmada por Del Castillo, quien en su comunicado mencionó que de Sousa había confesado su participación en el atraco de las joyerías ocurridas el 6 de marzo en la zona de Los Pozos. Además, el ministro anunció que las investigaciones continuarían para identificar a más implicados en el delito.
No obstante, la versión del ministro del Gobierno sobre la expulsión de Sousa a Brasil fue refutada por la abogada de este, Darly Franco, quien explicó que su cliente «jamás» fue deportado ni entregado a las autoridades brasileñas. Según la defensora, el único brasileño que fue entregado a la Policía Federal en la frontera fue Marco Antonio Pereira Lima, quien tenía antecedentes por tráfico de drogas y estaba vinculado al Comando Vermelho, una organización criminal. Franco aclaró que Sousa nunca había sido extraditado ni expulsado, y que la información proporcionada por Del Castillo contenía errores. La abogada también desmintió las acusaciones de robo, afirmando que su cliente solo está siendo investigado por el delito de portación ilícita de arma de fuego, y no por el atraco a las joyerías como se había señalado previamente.
