El Gobierno de Bolivia ha promulgado el Decreto Presidencial 5137, que establece una amnistía para ciertos grupos de reclusos en el país. La normativa busca descongestionar el sistema penitenciario y estará vigente por un año. Sin embargo, su aplicación está sujeta a estrictas condiciones, tanto para quienes pueden acceder al beneficio como para aquellos que quedan excluidos.
El decreto establece cinco criterios para que los reclusos puedan acogerse a la medida de gracia:
- Edad: Los hombres privados de libertad deben ser mayores de 58 años, mientras que las mujeres deben superar los 55 años.
- Discapacidad: Se contempla a personas con discapacidad grave o muy grave, debido a sus limitaciones para subsistir en el entorno carcelario.
- Enfermedades terminales: Reos que padezcan insuficiencia renal en estado avanzado o enfermedades oncológicas podrán solicitar la amnistía, siempre que requieran atención médica especializada.
- Mujeres en gestación o lactancia: Se beneficiará a las mujeres embarazadas y aquellas que se encuentren en periodo de lactancia, en resguardo de la integridad de sus hijos.
- Personas con enfermedades que requieran hospitalización: Se incluyen detenidos con patologías que demandan atención médica continua en un hospital.
A pesar de la intención de reducir la sobrepoblación en las cárceles, la normativa excluye de la amnistía a ciertos grupos de internos:
- Procesados por delitos graves: Aquellos que cumplen penas por delitos que legalmente no admiten indulto.
- Reincidentes: Quienes hayan sido beneficiados con amnistías previas en los últimos cinco años.
- Internos que hayan delinquido dentro de prisión: Si un reo cometió un nuevo delito mientras estaba recluido, no podrá acceder a la medida.
- Casos de indulto anteriores: Aquellos que ya fueron beneficiados con un decreto de amnistía anterior no podrán solicitar este nuevo beneficio.
El decreto presidencial, posteriormente elevado a rango de ley, fue una de las normativas tratadas en la polémica sesión del 6 de junio de 2024. En su momento, esta sesión fue declarada nula por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sin embargo, una resolución posterior del mismo tribunal reconoció parcialmente las leyes aprobadas en ese encuentro, entre ellas la amnistía.
Las autoridades justifican la implementación de esta medida como una estrategia para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de enero de este año, la población carcelaria en Bolivia asciende a 32.000 internos, lo que representa un incremento del 11 % en comparación con los 28.838 detenidos registrados en 2023.
A pesar de las intenciones gubernamentales, los decretos de amnistía anteriores no han tenido el impacto esperado, y queda por verse si esta nueva medida logrará su objetivo.
El Decreto 5137 establece un proceso con un tiempo máximo de 23 días hábiles para que los internos puedan obtener el beneficio. El trámite contempla las siguientes fases:
- Verificación inicial ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario (3 días).
- Revisión del caso por el Servicio de Asistencia Legal (2 días).
- Evaluación de viabilidad por la Dirección Departamental (2 días).
- Subsanación de observaciones en caso de ser necesario (2 días).
- Revisión final y concesión de la amnistía por Régimen Penitenciario (2 días).
- Remisión del expediente al Ministerio de Gobierno (2 días).
- Aprobación por el Ministerio de Gobierno (3 días hábiles).
- Envío del caso al juez de ejecución penal (2 días).
- Homologación y emisión del mandamiento de libertad por parte del juez (3 días).
Estos plazos están contemplados en el Artículo 11 de la ley y buscan agilizar los trámites administrativos para que los beneficiarios puedan salir en el menor tiempo posible. Sin embargo, aún queda la incertidumbre sobre si estas fechas se cumplirán en la práctica.
La aplicación del Decreto 5137 representa un esfuerzo del Gobierno por disminuir la crisis carcelaria, pero su impacto dependerá de la eficiencia en la gestión de los trámites y del cumplimiento de los plazos establecidos. Además, existe escepticismo sobre si las personas que realmente necesitan este beneficio lograrán acceder a él sin trabas burocráticas.
