La tarde del jueves, el Palacio de Justicia de Santa Cruz fue escenario de una manifestación en defensa de Lilibeth Coimbra, reconocida activista ambiental y defensora de animales, y su madre, quienes fueron aprehendidas por el presunto delito de biocidio, tras la muerte por envenenamiento de tres perros. La medida judicial generó un amplio rechazo por parte de organizaciones cívicas y colectivos ambientalistas que se congregaron en el lugar para exigir su inmediata liberación.
Con pancartas, cánticos y consignas como “¡Lilibeth no está sola!”, los manifestantes criticaron duramente el accionar del Ministerio Público, señalando que no existen pruebas concluyentes que justifiquen la detención. Varios activistas denunciaron que el proceso está viciado por un sesgo institucional y lo calificaron como un acto de persecución. “Esto no es justicia, es persecución”, coreaban con fuerza, mientras increpaban al fiscal del caso que aguardaba su turno para abordar el ascensor antes de la audiencia programada.
El caso adquirió especial notoriedad no solo por la figura pública de Coimbra, quien ha liderado múltiples campañas de rescate animal y asistencia ambiental, sino también por la solicitud del Ministerio Público de imponer 120 días de detención preventiva tanto para ella como para su madre, una mujer de la tercera edad con complicaciones de salud.
Antes de ingresar a su audiencia de medidas cautelares, Coimbra denunció irregularidades en el proceso y aseguró que su familia ha colaborado plenamente con las autoridades. “Hemos entregado todo, no hay pruebas contra nosotros”, afirmó con firmeza. Detalló que proporcionaron los DVRs de las cámaras de seguridad, celulares, contraseñas y toda la información solicitada por la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) y Zoonosis.
“Nos hemos prestado todo el tiempo a colaborar. No entiendo el motivo de esta aprehensión, pero vamos a seguir dispuestos a colaborar”, agregó la activista, reiterando la inocencia de su familia y destacando que los registros de las cámaras de seguridad no muestran ningún tipo de maltrato o envenenamiento hacia los animales.
Coimbra también recordó su labor durante los incendios forestales de 2023, donde junto a su equipo brindó asistencia en zonas afectadas por el fuego: “Llevamos ayuda durante tres meses donde murieron millones de animales silvestres, y no hubo un solo avasallador aprendido. Ojalá la justicia actúe con el mismo rigor”, lamentó.
Respecto al estado de salud de su madre, denunció que la Fiscalía no consideró su condición médica al momento de ordenar la aprehensión. “Ella es de la tercera edad, insulina dependiente, y estaba con fiebre, temblores, dolor de cuerpo. Esto no le importó al Ministerio Público”, expresó visiblemente afectada.
A la audiencia también asistieron el presidente y vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis y Agustín Zambrana, quienes respaldaron públicamente a Coimbra y exigieron un proceso judicial transparente. Cochamanidis pidió que se respete el debido proceso y se garantice la imparcialidad de los jueces. “Si los jueces hacen su trabajo, ella debería estar en libertad”, sostuvo.
El líder cívico destacó la integridad de la familia Coimbra y su compromiso con la defensa ambiental. “Estamos aquí acompañando como ciudadanos y como institución. Vamos a estar apoyando siempre en causas donde la Fiscalía o la Policía, en su accionar, a veces atropellan”, manifestó.
La audiencia de medidas cautelares fue suspendida luego de que el juez asignado se excusara del caso, solicitando que otro magistrado lo asuma. Esta decisión obligó a que tanto Lilibeth Coimbra como su madre sean nuevamente trasladadas a celdas policiales, donde permanecerán hasta que se defina una nueva fecha para la audiencia.
