El concejal cruceño Miguel Fernández aseguró este jueves que no es objeto de ninguna investigación formal por parte del Ministerio Público en el marco del denominado caso Faremafu. Según sus declaraciones, su citación se limita únicamente a la calidad de testigo y rechazó tener vinculación directa con los hechos denunciados. La aclaración fue realizada tras el allanamiento que ejecutaron la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el domicilio de su padre, el alcalde Jhonny Fernández, ubicado en el exclusivo barrio Las Palmas de Santa Cruz.
“Mi calidad de testigo sigue vigente. No me estoy escondiendo, siempre he dado la cara”, manifestó Miguel Fernández, quien además informó que acudirá junto a su abogado ante las autoridades cuando sea requerido. Negó categóricamente tener implicación en la denuncia por la supuesta cesión irregular de un terreno de propiedad municipal.
Su abogado, Bladimir Honor, criticó duramente el procedimiento judicial, calificándolo de “arbitrario” y “violento”. Afirmó que no existe base legal que justifique el allanamiento a la residencia del alcalde, argumentando que un testigo no puede ser objeto de este tipo de acciones por parte de la Fiscalía. “Miguel Fernández no ha sido imputado ni formalmente sindicado. Un testigo no puede ser tratado como si fuese investigado”, declaró el jurista.
Desde la defensa, también se sugirió que el operativo tendría motivaciones políticas y que su objetivo sería dañar la imagen del alcalde Jhonny Fernández, figura visible en el ámbito político local y potencial candidato para futuras elecciones nacionales. “Lo que quieren es dañar su imagen por la popularidad que tiene”, sostuvieron.
El allanamiento se efectuó la mañana del jueves y tuvo como objetivo principal ubicar al concejal Miguel Fernández, dado que en documentos oficiales él figura con esa dirección como su domicilio legal. Durante el procedimiento, la Fiscalía secuestró documentación y objetos que ahora serán sometidos a pericias en el marco de las investigaciones.
El caso Faremafu está vinculado a la presunta construcción ilegal de una vivienda sobre un terreno de titularidad municipal. A pesar de la aclaración del concejal, desde la oposición persisten los cuestionamientos. El concejal opositor Manuel Saavedra exigió una investigación profunda y exhortó al alcalde Fernández a pronunciarse públicamente sobre el tema. “La justicia debe actuar y el alcalde tiene que dar la cara. No puede permanecer en silencio cuando su hijo está vinculado a dos casos graves que comprometen recursos y bienes del municipio”, expresó.
Además del caso Faremafu, sobre Miguel Fernández también pesan cuestionamientos relacionados con una presunta baja irregular de impuestos, lo que ha incrementado la presión política sobre su figura y la de su padre.
