En medio de un escenario político marcado por la controversia, el presidente Luis Arce reafirmó este domingo que las elecciones generales se llevarán a cabo este año, pese a que ya se han presentado al menos dos acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de cuestionar aspectos legales del proceso electoral. Desde un acto público realizado en Ascensión de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, el mandatario expresó su preocupación por la existencia de intereses que, según él, pretenden sabotear la realización de los comicios.
“Hemos visto muchos intereses por truncar las elecciones este 2025. Intereses, y tenemos que decirlo con claridad, que no compartimos como Gobierno nacional”, afirmó Arce en un discurso enfático, dejando entrever que los intentos por frenar el calendario electoral provienen de sectores con motivaciones particulares ajenas al bien común.
El presidente también aprovechó la oportunidad para cuestionar el rol de varios legisladores dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A su juicio, es urgente una renovación en el órgano legislativo, ya que existen parlamentarios que, en su criterio, no aportan al desarrollo del país. “Asambleístas nacionales que nunca han entendido y solo trabajan por intereses de grupos o de alguna persona en particular con ambiciones de poder”, criticó Arce, sin mencionar nombres específicos, pero sugiriendo divisiones internas en el ámbito político nacional.
Hasta el pasado viernes, se conocía de al menos dos recursos de inconstitucionalidad formalmente presentados ante el TCP. Uno de ellos fue impulsado por el diputado Israel Huaytari, quien cuestionó la constitucionalidad del proceso electoral bajo el argumento de que no se garantiza la paridad de género en las fórmulas presidenciales. Huaytari sostiene que esta omisión atenta contra los principios de igualdad establecidos en la Constitución Política del Estado.
En paralelo, Samuel Flores, representante de la nación Qhara Qhara de Bolivia, presentó otra acción legal argumentando que la normativa electoral restringe injustamente la participación de los pueblos indígenas en las elecciones generales. Este mismo criterio fue compartido por el exmagistrado Gualberto Cusi, quien anunció que presentará un recurso similar, en defensa de los derechos colectivos de las naciones originarias.
Asimismo, la Central Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) manifestó su intención de sumarse a esta línea de acción, anticipando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que demande la inclusión efectiva de las naciones indígenas como actores políticos en el proceso electoral nacional.
Estas acciones reflejan una creciente tensión en el entorno político y jurídico del país, donde diversos sectores —tanto desde el ámbito indígena como desde el propio aparato legislativo— cuestionan la forma en que se ha estructurado el proceso electoral. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha anunciado que acudirá al TCP para defender la participación de los pueblos indígenas, lo que añade una nueva capa de complejidad al debate.
Pese a este contexto de incertidumbre y las crecientes demandas de revisión constitucional, el Gobierno insiste en que las elecciones se llevarán a cabo este año y que cualquier intento por frenarlas obedece a intereses particulares que no representan la voluntad del pueblo boliviano. La evolución de estos recursos legales será clave para determinar el rumbo del proceso electoral en los próximos meses.
