El diputado nacional Richard Ribera fue aprehendido este lunes en el aeropuerto de El Alto, minutos después de arribar desde la ciudad de Santa Cruz. A su salida de la zona de desembarque, funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Policía Boliviana ya lo esperaban con una orden de aprehensión. Ribera es investigado dentro del denominado caso “golpe II”, relacionado con los hechos del 26 de junio de 2024, conocidos como el ‘Zuñigazo’.
La aprehensión fue confirmada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien explicó que los acontecimientos del 26 de junio —cuando un grupo de militares al mando del excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, protagonizó una acción irregular frente al Palacio Quemado— motivaron la apertura de tres procesos penales. El diputado Ribera está vinculado a uno de ellos junto al abogado Jorge Valda.
Durante su arribo a la sede de Gobierno, el legislador cruceño expresó su disposición a colaborar con la justicia y negó rotundamente haber participado en cualquier intento de golpe de Estado. “Nos comprometimos a estar por voluntad propia y estamos cumpliendo. No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Solo queremos afrontar este proceso y decir nuestra verdad. Estamos con la conciencia tranquila”, declaró Ribera, en medio del tumulto provocado por su aprehensión.
En el lugar también se encontraban personas allegadas al parlamentario, quienes protestaron por el operativo policial. Denunciaron una supuesta selectividad en la actuación del Gobierno, criticando que mientras se despliega personal para capturar a Ribera, no se ejecutan las órdenes de aprehensión pendientes contra el expresidente Evo Morales, refugiado en el Chapare, y sobre quien pesan tres mandamientos judiciales.
Ribera relató que fue citado mediante una orden de aprehensión en Santa Cruz, pero sin una indicación precisa del lugar donde debía presentarse. Decidió entonces viajar a La Paz para asumir su defensa legal, sin saber que sería interceptado al llegar. “No había una notificación clara, pero yo decidí venir para afrontar este proceso con la ley en la mano”, afirmó.
El ministro Del Castillo también ofreció detalles sobre los elementos que motivaron la investigación contra Ribera. Aseguró que el legislador habría elaborado un diseño gráfico (“arte”) con el que convocaba a una movilización ciudadana en la rotonda del Cristo Redentor, en Santa Cruz, aludiendo a la llegada de un supuesto “gobierno de liberación”. Este material fue enviado al activista Fernando Handam y, según la versión oficial, constituye un indicio de participación en los hechos investigados.
Cabe recordar que, según el artículo 152 de la Constitución Política del Estado (CPE), los miembros de la Asamblea Legislativa pueden ser aprehendidos, pero no pueden ser sometidos a detención preventiva, a menos que se trate de un delito en flagrancia. “Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”, establece la normativa constitucional.
