El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron de manera oficial un incremento del 10% al salario mínimo nacional y del 5% al haber básico para la gestión 2025. El acuerdo, que fue anunciado en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo con la presencia del presidente Luis Arce, el ministro de Economía Marcelo Montenegro y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, busca resarcir la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por la inflación, que alcanzó el 9,97% en 2024.
De acuerdo con estimaciones del economista Jimmy Osorio, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el aumento salarial beneficiará aproximadamente a 1,1 millones de trabajadores formales, lo que representa solo el 15,8% de la población laboral activa. La medida, sin embargo, dejará fuera al 84,2% restante, equivalente a unos 5,8 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad y que no gozan de derechos laborales ni figuran en planillas institucionales.
Osorio calculó que el impacto económico de esta mejora salarial significará un gasto adicional de Bs 3.100 millones, que deberán asumir tanto el sector público como el privado. El mayor beneficio recaerá sobre los trabajadores del sector público, que representan el 45% de los beneficiarios, mientras que el sector privado absorberá el 31,2% del impacto. Un 24% del efecto del incremento corresponderá a trabajadores que antes ganaban únicamente el salario mínimo nacional.
La distribución de beneficiarios revela que 548.408 empleados públicos que ganan desde el salario mínimo hasta más de Bs 4.700 serán los más favorecidos. En el ámbito privado, 339.984 trabajadores formales también recibirán el ajuste.
No obstante, el contexto económico es adverso. Según Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, este incremento salarial es el más elevado en los últimos siete años, en un entorno marcado por la estanflación: alta inflación combinada con bajo crecimiento económico. Romero advirtió que la medida podría agravar la inflación, fomentar una mayor informalidad laboral, desincentivar la inversión privada, ralentizar aún más la economía nacional y aumentar la pobreza.
Romero también alertó que el financiamiento del incremento por parte del Gobierno probablemente implique recortes a la inversión pública, mayor endeudamiento interno o una expansión de la masa monetaria, mientras que el sector privado podría enfrentar alzas en los precios, reducción de costos operativos o despidos progresivos. Calificó el ajuste como “temerario, insensato y político”.
Desde el Gobierno, sin embargo, se sostiene que el acuerdo con la COB cuida la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. Montenegro afirmó que el nuevo salario mínimo pasará de Bs 2.500 a Bs 2.750, mientras que el aumento del 5% al haber básico se aplicará exclusivamente a sectores como salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas.
El presidente Arce destacó la “madurez sindical” al aceptar porcentajes menores a los inicialmente demandados —15% al salario mínimo y 20% al haber básico—, lo que según él permitirá impulsar el consumo y la economía nacional.
No obstante, el anuncio ha generado rechazo en sectores empresariales. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) cuestionó el incremento, señalando que podría agravar el estancamiento económico. La institución recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció solo un 2,1% hasta septiembre de 2024, el ritmo más bajo desde la pandemia, y alertó que el aumento salarial contraerá la demanda interna, fomentará el contrabando y deteriorará la competitividad de la industria nacional.
La CNI también destacó que la inflación acumulada hasta marzo de 2025 llegó al 13,87% y que los nuevos incrementos salariales podrían exacerbar la espiral inflacionaria. También advirtió sobre un posible aumento del déficit fiscal, que ya se aproxima al 10,9% del PIB, debido al aumento del gasto público.
Las pequeñas y medianas empresas —ya afectadas por la escasez de divisas, el alza en los costos de importación y la falta de combustibles— serían las más golpeadas, según el gremio. Además, la CNI denunció que los altos costos patronales, equivalentes a Bs 48,10 por cada Bs 100 de aumento salarial, atentan contra la sostenibilidad de las empresas formales.
Desde Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), criticó la medida al considerar que no refleja la realidad de la mayoría de los bolivianos. Subrayó que el 80% de la población vive del trabajo diario e informal, sin acceso a beneficios como el incremento salarial, pero enfrentando el alza constante de productos básicos.
Antelo concluyó con una crítica directa al modelo económico vigente: “No hay decreto que tape lo que todos vemos: la crisis es real y cada día más profunda”. Afirmó que el incremento salarial beneficia únicamente a una minoría y que perpetúa la informalidad laboral que ya afecta a millones de ciudadanos.
