La jueza Lilian Moreno Cuéllar se encuentra en el centro de la atención pública y judicial luego de haber emitido un fallo que anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, dentro de un proceso penal por presuntos delitos de trata y tráfico de personas y violación a infante, niña, niño y adolescente. La decisión judicial, adoptada el pasado 24 de abril, ha sido duramente cuestionada tanto en ámbitos legales como políticos, y ha generado una serie de reacciones que escalan a medida que se conocen nuevas acciones en torno a la magistrada.
Según informes, efectivos de la Policía realizaron labores de vigilancia tanto en el despacho judicial de Moreno Cuéllar, ubicado en el piso 11 del Palacio de Justicia, como en su domicilio particular en la zona de La Guardia, frente al edificio de la Policía. Estas acciones ocurrieron el miércoles por la tarde, momento en el cual la jueza no se encontraba en ninguno de los dos lugares.
La resolución que emitió la jueza responde a un recurso constitucional presentado por el equipo legal de Morales, quienes denunciaron la vulneración de derechos fundamentales en la emisión de la orden de aprehensión contra el exmandatario. Al acoger dicha tutela, Moreno Cuéllar dejó sin efecto la medida judicial que pesaba en contra de Evo Morales, en medio de un proceso investigativo de alto perfil.
Tras el fallo, la jueza solicitó una licencia de seis días por razones personales, según confirmó la propia Policía. Sin embargo, el accionar policial en torno a su figura ha despertado preocupación. Pese a no existir una orden legal de aprehensión contra ella, los operativos son percibidos como una forma de vigilancia que ha encendido las alarmas sobre una posible presión institucional o represalias.
El seguimiento a la jueza ocurre en un contexto sensible para el sistema judicial, en el que diversas instituciones han expresado preocupación por la independencia de los jueces y el respeto a las garantías procesales. Sectores de la opinión pública y del ámbito jurídico advierten que estas acciones podrían configurar un intento de amedrentamiento y generar un precedente peligroso en relación con la libertad de decisión de los administradores de justicia.
El caso continúa en desarrollo, mientras se aguarda una respuesta oficial del Órgano Judicial y del Ministerio Público respecto a la legalidad y justificación de las acciones policiales, y se mantiene la expectativa sobre el futuro del proceso en el que Evo Morales está siendo investigado.
