En un contexto marcado por un grave escándalo que sacude los cimientos del sistema judicial boliviano, el presidente Luis Arce posesionó este lunes a Jessica Paola Saravia como nueva ministra de Justicia y Transparencia Institucional. Su nombramiento se produjo pocas horas después de la renuncia del exministro César Siles, envuelto en una polémica por su presunta participación en el direccionamiento de un fallo judicial contra una magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante el acto de posesión, celebrado en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Arce destacó la trayectoria profesional de Saravia, exviceministra de Lucha Contra la Corrupción, y afirmó que su designación responde a la necesidad de garantizar continuidad institucional en el Ministerio de Justicia, en medio de un ambiente de tensión creciente entre los órganos del Estado. “Nuestra hermana Jessica ha sido viceministra y ahora asume la dirección de todo el ministerio. Sabemos de su profesionalismo y capacidad”, declaró el mandatario, evitando referirse directamente al escándalo que motivó el cambio en su gabinete.
La designación de Saravia ocurre tras la revelación de un audio en el que presuntamente se escucha al exministro Siles dando instrucciones a un juez para emitir un fallo orientado a destituir a la magistrada electa Fanny Coaquira, del TSJ. El hecho ha sido calificado como un intento de “golpe institucional” por parte de altas autoridades judiciales, y ha generado preocupación por su posible impacto en el proceso electoral previsto para agosto.
Jessica Saravia es abogada y cuenta con una destacada trayectoria en la administración pública. Fue directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego en dos gestiones (2016-2019 y 2020-2023) y viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016. También se ha desempeñado como consultora legal en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como docente universitaria. Posee especializaciones en auditoría jurídica y sistemas de gestión de calidad y antisoborno.
Ahora, como titular de una de las carteras más sensibles del gabinete, deberá enfrentar un escenario complejo: no solo deberá restablecer la confianza en la independencia judicial, sino también abordar el impacto de una crisis que ha escalado a los más altos niveles del sistema judicial.
La controversia estalló cuando el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, emitió una resolución que ordenaba la destitución de la magistrada Coaquira para habilitar a su suplente, Iván Campero. La medida fue duramente criticada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, quien la calificó de “fallo prevaricador” y denunció que representa un grave riesgo para la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.
“Si se sostiene este tipo de criterio judicial, ninguna autoridad electa podría sentirse segura en el ejercicio de sus funciones”, afirmó Baptista desde Sucre. Además, informó que el juez fue aprehendido y se encuentra con detención preventiva, mientras se analizan procesos disciplinarios y auditorías sobre sus fallos anteriores.
Más contundente fue la declaración del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien denunció que detrás del fallo habría un intento deliberado de “reposicionar a un suplente con fines políticos”, y calificó el hecho como un “golpe institucional” al máximo tribunal del país. Saucedo instó al Ministerio Público a investigar al exministro Siles, quien, según dijo, estaría involucrado en un esquema de injerencia en la justicia.
“Lo que sucede es grave. El objetivo podría ser no reconocer al candidato que gane las elecciones de agosto”, advirtió Saucedo desde Santa Cruz.
Por su parte, César Siles publicó un comunicado negando cualquier responsabilidad y alegando que el audio filtrado fue manipulado y obtenido sin su consentimiento. Afirmó que no se identifica el contexto ni el proceso al que se refiere, y acusó a sectores políticos de orquestar una campaña en su contra. “Acudiré ante cualquier citación y tomaré acciones legales contra quienes difundan acusaciones infundadas”, sostuvo.
Siles también aseguró que su salida del cargo fue voluntaria y tuvo como objetivo no perjudicar la gestión del gobierno ni el proceso electoral, aunque desde el TSJ se afirma que su alejamiento fue en realidad una destitución ordenada por el Ejecutivo.
Tanto el TSJ como el Consejo de la Magistratura han advertido que no permitirán que este caso quede en la impunidad. Exigen que la Fiscalía amplíe la investigación a todas las autoridades involucradas, sin importar su rango, para esclarecer si existió o no una operación encubierta para alterar la composición del máximo órgano judicial del país.
