Las investigaciones del denominado caso Consorcio, que involucra a exautoridades judiciales y funcionarios en una supuesta red de corrupción e influencias en el sistema judicial, continúan su curso, aunque envueltas nuevamente en un manto de reserva procesal. A pesar de la gravedad de los cargos, ninguno de los siete investigados permanece actualmente en centros penitenciarios del país, ya sea por haber obtenido detención domiciliaria o por estar internados en clínicas privadas alegando problemas de salud.
De acuerdo con el último reporte emitido por la Fiscalía, cuatro personas fueron beneficiadas con detención domiciliaria y tres recibieron detención preventiva. Sin embargo, en la práctica, ninguno de los sindicados cumple con reclusión efectiva en una cárcel.
ESTADO DE LOS INVESTIGADOS
- César Siles – Exministro de Justicia
Inicialmente fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Patacamaya por un período de cinco meses. No obstante, desde la semana pasada, permanece internado en una clínica privada de La Paz, según su defensa legal, debido a complicaciones de salud. Esta situación podría extenderse por al menos cuatro o cinco semanas más, lo que en los hechos posterga su cumplimiento efectivo de la medida restrictiva. - Yván Córdova – Expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz
Fue beneficiado con detención domiciliaria sin salida laboral, tras pagar una fianza de Bs 50.000. Córdova permanece en su domicilio cumpliendo esta medida, aunque bajo vigilancia. - Iván Campero – Magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
También obtuvo detención domiciliaria. Es señalado en el proceso por su presunta participación en la suspensión de la magistrada titular del TSJ, Fanny Coaquira, buscando supuestamente beneficios personales o políticos. - José Ramiro Uriarte – Exvicecónsul de Bolivia en España
Se le otorgó detención domiciliaria con salida laboral. Las investigaciones indican que habría fungido como abogado de la persona que interpuso la denuncia contra la magistrada Coaquira, lo que genera sospechas sobre una posible articulación dentro del caso. - Claudia Castro – Exvocal del TDJ de La Paz
Con detención preventiva inicialmente en el penal de Obrajes, fue trasladada a una clínica en la zona de Sopocachi por razones médicas, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Marco Mostajo. Su permanencia en el centro médico prolonga su estadía fuera de un centro penitenciario. - Marcelo Lea Plaza – Juez de Coroico
Fue uno de los primeros implicados en ser enviados a la cárcel bajo detención preventiva en el penal de San Pedro. Sin embargo, su defensa legal informó que el juez se encuentra internado en un centro de salud, aquejado por una condición médica delicada y depresión severa. - Sergio S. – Jefe de Plataforma del Juzgado de Coroico
Fue beneficiado con detención domiciliaria y arraigo, en reconocimiento a su colaboración con las investigaciones. Su testimonio habría sido clave para identificar a los demás involucrados en la presunta red.
La ausencia de los investigados en los centros penitenciarios genera cuestionamientos en la opinión pública sobre la firmeza y equidad del sistema judicial. A ello se suma la decisión de declarar el caso en reserva, lo que limita el acceso a información sobre los avances procesales, generando suspicacias sobre eventuales intentos de encubrimiento o protección a ciertas figuras del ámbito judicial y político.
