La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), dos de las tres entidades organizadoras de los debates presidenciales, expresaron su preocupación por la posible realización del segundo encuentro sin la presencia de todos los postulantes. A través de una carta enviada el pasado sábado al presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, ambas instituciones sostuvieron que la ausencia de varios aspirantes a la presidencia compromete el cumplimiento de los objetivos iniciales con los que nació la iniciativa.
Según manifestaron, el propósito de los debates es “generar un espacio de intercambio y defensa de todas las propuestas electorales”, permitiendo a la ciudadanía acceder a un voto informado y garantizando condiciones de participación equitativa entre los contendientes.
En este contexto, solicitaron a Hassenteufel asumir una decisión conjunta respecto al segundo debate, cuya realización quedó en entredicho tras la confirmación de que al menos tres candidatos no participarán. Entre ellos se encuentran Samuel Doria Medina (Unidad), Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), quienes argumentaron que la fecha programada coincide con las actividades de cierre de campaña electoral, previstas de forma impostergable hasta el miércoles 13 de agosto.
En la misiva, la CEPB y la ANPB enfatizan que “los objetivos del debate referido eran generar un espacio de intercambio y defensa de todas las propuestas electorales para aportar al voto informado, y garantizar que sea plenamente participativo y equitativo”. Asimismo, recordaron que un esfuerzo de esta magnitud debe contar con el compromiso de los candidatos y las alianzas políticas para fortalecer el pluralismo, el libre intercambio de ideas y el principio de igualdad plena.
Finalmente, advirtieron que, sin la participación de todos los postulantes, no será posible ofrecer al electorado una visión completa e integral de los planes y propuestas de gobierno, especialmente en áreas sensibles como la economía, lo que limitaría la capacidad de la ciudadanía para evaluar de manera informada su decisión de voto.
