El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afronta actualmente dos detenciones preventivas y este lunes se revisará una de ellas, vinculada al caso de la crisis política de 2019, proceso por el que fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en diciembre de 2022. La información fue confirmada por su abogado, Martín Camacho.
El defensor explicó que la audiencia de modificación de situación jurídica fue convocada de oficio por el Tribunal Sexto de Sentencia, en cumplimiento de un instructivo emitido el pasado 21 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El máximo tribunal dispuso que se verifique si las detenciones preventivas de Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari cumplen con los plazos que establece la normativa vigente. En Bolivia, la detención preventiva no puede exceder los seis meses, salvo que existan elementos excepcionales que justifiquen su prolongación.
“La audiencia fue señalada de oficio y responde tanto a la instrucción del TSJ como al cumplimiento del Código de Procedimiento Penal”, precisó Martín Camacho.
Camacho fue notificado para asistir este lunes, a las 14:00 en La Paz, a una audiencia en formato presencial. Su defensa adelantó que solicitará la libertad irrestricta del gobernador cruceño, argumentando que ya no existen riesgos procesales ni de fuga que justifiquen su permanencia en prisión preventiva.
El abogado también anticipó que el martes se instalaría una segunda audiencia, esta vez relacionada con el caso del paro de los 36 días de 2022, y que en esa instancia también se pedirá la revisión de las medidas restrictivas.
Además de las dos detenciones preventivas, Camacho enfrenta procesos adicionales, como los casos Carro Bombero y Decreto 373, en los que se le impuso detención domiciliaria. Su defensa busca la revisión integral de todas estas medidas restrictivas.
Martín Camacho enfatizó que las dos detenciones preventivas principales tienen carácter independiente y, por tanto, deben ser evaluadas por separado.
El abogado expresó que estos procedimientos reflejan un cambio en la justicia boliviana tras las elecciones del 17 de agosto. Según su valoración, las autoridades judiciales comienzan a sentirse “respaldadas” para aplicar la ley con independencia e imparcialidad, lo que, en sus palabras, representa una “luz al final del túnel” para la situación del gobernador cruceño.
