El sector productivo boliviano alertó sobre una grave situación de inseguridad jurídica al denunciar la existencia de 331 predios avasallados en distintas regiones del país. La denuncia fue realizada tras una reunión de emergencia convocada por la Gobernación de Santa Cruz, en la que participaron el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), la Fiscalía y diversas instituciones cruceñas, luego de registrarse nuevos casos de toma ilegal de tierras.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que los datos son oficiales y reflejan una problemática que está afectando directamente a la producción nacional. “331 predios tenemos avasallados en el país. Son datos oficiales”, declaró, al tiempo de exigir que “los avasallamientos se tienen que terminar”.
Frerking enfatizó que la seguridad jurídica es un elemento esencial para garantizar el desarrollo del sector agropecuario. Recordó que la producción agrícola y ganadera genera 1,6 millones de empleos en Bolivia y alimenta al 80% de la población, con un aporte mayoritario proveniente del departamento de Santa Cruz.
El dirigente también adelantó que en la próxima campaña agrícola se proyecta la siembra de 3 millones de hectáreas en todo el país, de las cuales 2,2 millones estarán ubicadas en territorio cruceño, por lo que resulta indispensable asegurar la protección de los productores y sus predios. “Necesitamos la devolución de la seguridad jurídica para que todo productor y todo ciudadano aquí de Santa Cruz vuelva a invertir. Sin inversión no va a haber futuro, no vamos a tener alimento ni para Santa Cruz ni para exportar”, manifestó con preocupación.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Abraham Nogales, advirtió que los avasallamientos no solo impactan en la economía del sector, sino también en el medioambiente, debido a las prácticas destructivas que realizan los grupos invasores. “Los avasalladores chaquean, empiezan a hacer fuego, generan inundaciones, ahora están desviando el río Grande. Esta mesa va a sentar un precedente para que de aquí en adelante la gente que ingresa ilegalmente a los predios productivos tenga su castigo”, sostuvo.
La convocatoria surgió tras los recientes hechos de violencia en el predio Patujú, en el municipio de Montero, donde un productor y sus trabajadores fueron secuestrados y golpeados por un grupo armado. Paralelamente, se reportó una nueva toma de tierras en Guarayos, lo que encendió las alarmas en las instituciones del departamento.
En ese contexto, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Aldo Quezada, aseguró que el sistema judicial actuará con firmeza y sin excepciones. “Sepan que el sistema de justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios ante vulneración a la Constitución y la ley”, advirtió.
La reunión concluyó con el compromiso de todas las instituciones cruceñas de mantener una “lucha implacable, sin privilegios y sin impunidad” frente a los avasallamientos, buscando restablecer el orden, la legalidad y la confianza en el campo boliviano.
