La crisis institucional dentro del Órgano Judicial boliviano tomó un nuevo giro luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidiera públicamente la renuncia de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En respuesta, tanto el Consejo de la Magistratura como el Tribunal Agroambiental expresaron su respaldo total a esta posición, calificándola como un paso fundamental para recuperar la institucionalidad y la credibilidad del sistema judicial.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, manifestó que la postura de Saucedo refleja el sentir de la mayoría de los bolivianos que demandan una renovación en la justicia. “La posición del doctor Romer Saucedo, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es una posición que compartimos y respaldamos, puesto que esta es una posición también de la mayoría de los bolivianos que han exigido que haya un cambio en la justicia”, señaló.
Baptista instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y al Órgano Ejecutivo a acompañar el pedido del titular del TSJ, para concretar un proceso de transición institucional en el TCP. Según explicó, el objetivo es garantizar que las decisiones judiciales se orienten en beneficio del pueblo boliviano. “Esas políticas no son para el Órgano Judicial, son para la población boliviana en general y en su favor”, enfatizó.
En la misma línea, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, expresó su pleno respaldo a Romer Saucedo y consideró que su pronunciamiento marca un hito en la defensa de la institucionalidad boliviana. “Desde la presidencia tenemos una posición de pleno apoyo y absoluto al doctor Romer Saucedo Gómez respecto a este pronunciamiento, porque esto dice mucho de la institucionalidad boliviana”, afirmó.
Méndez también subrayó la necesidad de que la Cámara de Diputados acelere el tratamiento del proyecto de ley aprobado por el Senado, destinado a adecuar el funcionamiento del TCP y permitir la renovación de sus autoridades. Según el presidente del Tribunal Agroambiental, esta medida es clave para restablecer la independencia judicial, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el principio del juez natural en la administración de justicia.
Tanto el Consejo de la Magistratura como el Tribunal Agroambiental coincidieron en que la permanencia de magistrados autoprorrogados genera incertidumbre institucional y desconfianza ciudadana, por lo que consideran urgente que se dé una solución política y legal que devuelva al país un Órgano Judicial legítimo y funcional.
El respaldo de estas dos instituciones refuerza el llamado del presidente del TSJ, quien advirtió a los magistrados del TCP que deben “renunciar inmediatamente o esperar a ser expulsados”, en medio de un escenario de creciente presión pública y política por la renovación del máximo tribunal constitucional del país.
