La historia de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción y complicidad policial de los últimos años. Considerado uno de los criminales más buscados de Latinoamérica, se le atribuyen delitos de secuestro, extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero, siendo el cabecilla de la organización criminal conocida como “Los Ingertos del Norte”, con base en Lima y ramificaciones en varios países de la región.
Según un explosivo reportaje de Punto Final y el testimonio de Liseth Cruz, ex pareja y madre de su hija, “El Monstruo” fue detenido en Bolivia por agentes de la unidad antidrogas, en un operativo realizado en el condominio Sevilla, zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, su captura nunca fue registrada oficialmente, no hubo comunicados, ni presencia de prensa, y mucho menos una presentación pública del detenido.
Todo habría ocurrido “en silencio” y a cambio de dinero. Cruz aseguró que los agentes le exigieron una fuerte suma en efectivo para liberar a Moreno Hernández pocas horas después del operativo. “Pagó para que lo dejaran ir”, habría relatado ante las cámaras, confirmando así lo que muchos sospechaban: que miembros de la policía antidrogas boliviana habrían cobrado por su liberación.
El caso genera mayor indignación al conocerse que el narcotraficante vivía cómodamente en Bolivia, bajo protección y sin ser molestado por las autoridades, hasta que finalmente fue capturado el 24 de septiembre en Paraguay, presuntamente delatado por su novia paraguaya, quien ahora busca cobrar la recompensa de un millón de soles ofrecida por el gobierno peruano a quien facilitara su captura.
Mientras tanto, en Perú, siete agentes policiales fueron arrestados por colaborar con su red criminal. En Bolivia, sin embargo, nadie ha sido investigado ni suspendido, pese a las acusaciones de encubrimiento. El silencio institucional solo refuerza la sospecha de que detrás de la breve captura de “El Monstruo” hubo una negociación ilegal dentro de las propias filas policiales.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que esta red de protección le habría permitido a Moreno Hernández moverse libremente por territorio boliviano, incluso hospedarse en condominios de lujo y sostener reuniones con contactos del narcotráfico regional.
- El escándalo no solo deja al descubierto la profunda corrupción dentro de las fuerzas del orden, sino también la facilidad con la que el dinero del crimen organizado compra impunidad en la región.
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