El Ministerio Público solicitó este jueves que el expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora sea enviado por tres meses al penal de Qhalauma, en Viacha, como parte de la imputación formal presentada en su contra por los presuntos delitos de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso Fondo Indígena, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).
Durante la audiencia, los fiscales argumentaron ante un juez anticorrupción que existen riesgos de fuga y posibles intentos de obstaculizar la investigación, además de indicios suficientes que vincularían al exmandatario con decisiones que habrían derivado en el desvío irregular de recursos públicos. La fecha y hora de la audiencia cautelar serán definidas en las próximas horas.
Arce pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde recibió la visita de su esposa, familiares, representantes de la Defensoría del Pueblo y personal técnico del IDIF.
La imputación fiscal, a la que accedió EL DEBER, detalla que Arce, en su calidad de miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), “sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares”, vulnerando la normativa que regía el funcionamiento del Fondo. El documento también indica que el exmandatario se acogió a su derecho al silencio durante su declaración informativa.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que Arce aprobó proyectos con documentación incompleta, avaló transferencias fuera de norma y permitió la ejecución de iniciativas que contaban con observaciones técnicas no subsanadas.
Uno de los puntos más relevantes del expediente es la aprobación del proyecto impulsado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, quien en 2010 recibió Bs 669.876 para la construcción de invernaderos en la provincia Bautista Saavedra. Según la investigación, esta iniciativa fue aprobada pese a contar con observaciones, beneficiarios con listados dudosos y documentación incompleta. Además, el desembolso se habría realizado directamente a la cuenta personal de Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
Otro elemento señalado en la imputación es que, durante una sesión del directorio realizada en Tarija en noviembre de 2009, Arce indicó que los proyectos no contemplados en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, lo que, según la Fiscalía, habría facilitado el desvío de recursos públicos.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía anunció que convocará a 24 personas consideradas clave para esclarecer el caso, entre ellas las exautoridades Nemesia Achacollo (exministra de Desarrollo Rural) y Felipa Huanca (ex cónsul en Puno), además de otros exfuncionarios vinculados al Fondioc.
El requerimiento de tres meses de detención preventiva responde a la necesidad de realizar diversas actuaciones investigativas pendientes, como inspecciones oculares, registros de lugar de los hechos, declaraciones de otros sindicados y diligencias adicionales “para establecer la verdad histórica del hecho”.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la investigación preliminar establece un daño económico que supera los Bs 360 millones. Sin embargo, estimaciones de casos conexos elevan la cifra a más de 700 millones de dólares en pérdidas.
“El daño económico es gigantesco: 360 millones de bolivianos solo en este caso. Pero este es apenas uno de los múltiples hechos irregulares descubiertos. Vamos a llegar hasta el final”, afirmó Oviedo.
La autoridad agregó que la aprehensión de Arce responde a una instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien ordenó profundizar la lucha contra la corrupción y esclarecer de una vez el manejo del Fondo Indígena durante los gobiernos del MAS.
