El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, anunció que promoverá la anulación de la Ley de Diferimiento de Créditos, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Según el legislador, esta normativa, que fue sancionada sin la participación de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), compromete seriamente la estabilidad del sistema financiero del país y podría “incendiar la economía nacional”.
Rojas calificó la medida de “absurda”, asegurando que la ciudadanía suele confundir una prórroga con un perdón de deuda. Explicó que, lejos de favorecer al prestatario, esta prolongación del plazo de pago provoca un incremento en los intereses acumulados, mientras que los bancos se ven expuestos a pérdidas que terminan afectando a toda la economía.
La ley sancionada por la ALP establece un diferimiento de seis meses para los créditos de vivienda social y los préstamos destinados a microempresas, una medida que ha recibido fuertes críticas tanto del sistema financiero como de diferentes sectores empresariales. Rojas apuntó que la iniciativa fue impulsada por el MAS para “generar un caos económico deliberado y dejar un país en llamas”.
En tono irónico, el futuro parlamentario comentó que pasó el feriado de Todos Santos trabajando en la propuesta de una contra-ley, afirmando: “Haré una ley en contra del diferimiento, porque es una afrenta a la economía”.
El diputado electo detalló que ya inició una serie de reuniones con otros legisladores de su bancada para coordinar la estrategia de abrogación de la norma. Incluso expresó su deseo de que esta sea “la ley más corta en la historia del país”. Para Rojas, el Gobierno debe dialogar con el sistema financiero a fin de encontrar soluciones que no perjudiquen a los prestatarios y que garanticen la gobernabilidad.
Asimismo, Rojas se refirió a la Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina, promovida por el Comité Cívico pro Santa Cruz. Si bien reconoció su importancia, advirtió que también necesita ajustes. Planteó la presentación de una acción popular para introducir modificaciones, argumentando que la norma contiene “vacíos legales” y contradicciones con legislaciones vigentes, entre ellas la Ley 1008.
“Debemos mejorarla. Eso pasa cuando las cosas se hacen rápido: salen mal, y eso es muy peligroso”, manifestó Rojas. Finalmente, adelantó que en los próximos días presentará, junto con representantes del sector transporte, una propuesta para modificar la regulación de la importación de combustibles, con el objetivo de robustecer el abastecimiento y evitar conflictos futuros.
