Dos exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentran bajo investigación del Ministerio Público, en el marco del caso de la gasolina denominada “desestabilizada”, que provocó daños en motorizados —principalmente motocicletas— en el departamento de Santa Cruz. La información fue confirmada al cierre de las mesas técnicas desarrolladas este martes, tras una extensa jornada de diálogo entre las partes involucradas.
Según explicó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, entidad que actuó como mediadora en el proceso, las investigaciones ya se encuentran en curso. “Se están realizando las investigaciones en la Fiscalía contra dos exfuncionarios de YPFB; además, hay otros funcionarios que también están en proceso de investigación”, sostuvo el dirigente cívico.
Las conclusiones se dieron a conocer luego de más de cinco horas de reunión en oficinas de YPFB, donde participaron representantes del transporte, asociaciones de mototaxistas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la aseguradora encargada de asumir la reparación de los daños ocasionados a los motores, atribuidos a la calidad del combustible distribuido.
Cochamanidis señaló que durante el encuentro se avanzó en todos los puntos previamente acordados y que los resultados fueron satisfactorios para los sectores afectados. “Se logró un entendimiento pleno respecto a la reparación de los daños, en coordinación con YPFB y la ANH”, afirmó, destacando el consenso alcanzado para encarar el proceso de resarcimiento.
De acuerdo con el reporte preliminar, se estableció un monto base de reparación que varía según la categorización de los daños; sin embargo, las autoridades evitaron precisar cifras concretas hasta que YPFB consolide la información final de los casos admitidos. En ese marco, será la petrolera estatal la encargada de informar cuántas motocicletas cumplieron con los requisitos y presentaron la documentación correspondiente dentro del plazo establecido.
Actualmente, asociaciones y federaciones de mototaxistas —incluso de provincias alejadas— continúan entregando carpetas para acceder al resarcimiento económico por los daños sufridos en sus vehículos. Este proceso permitirá depurar y validar los casos que serán cubiertos por el mecanismo de compensación acordado.
Respecto al volumen de combustible afectado, Cochamanidis indicó que resulta imposible determinar con exactitud la cantidad de litros de gasolina “desestabilizada” que fue distribuida, debido a que el producto se comercializó en todo el departamento y no todos los vehículos que lo consumieron presentaron fallas o daños mecánicos.
Finalmente, se anunció la conformación de una comisión técnica conjunta con la ANH para realizar seguimiento permanente en los surtidores ante futuras denuncias relacionadas con la calidad del combustible. Asimismo, el dirigente cívico descartó la adopción de nuevos bloqueos u otras medidas de presión, al señalar que el conflicto se encamina por la vía técnica e institucional.
