La noche de este jueves, tras una intensa jornada de enfrentamientos entre efectivos de la Policía Boliviana y mineros cooperativistas en la ciudad de La Paz, el Gobierno publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Supremo 5620, mediante el cual se establece el pago de un bono extraordinario destinado a los uniformados.
De acuerdo con información obtenida desde fuentes gubernamentales, el beneficio económico alcanzará los Bs 3.000 y será entregado “por única vez” a los miembros de la institución policial como reconocimiento a sus labores.
El decreto consta de un solo artículo, en el que se detalla la creación del denominado “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía Boliviana”, beneficio que será otorgado durante la gestión 2026 a servidores públicos de la entidad del orden.
“Se establece el ‘Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía Boliviana’, que será entregado por única vez en la gestión 2026, a favor de las servidoras y los servidores públicos de la Policía Boliviana, en reconocimiento a la noble labor cumplida, por el ejercicio de su misión constitucional de defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, señala el artículo único de la norma.
Asimismo, en las disposiciones transitorias del decreto se establece que, en un plazo de cinco días calendario, deberá aprobarse la reglamentación correspondiente para definir los mecanismos y condiciones de entrega del beneficio.
Por otra parte, la disposición final única precisa que el financiamiento para este bono será cubierto con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN).
La aprobación de esta medida ocurre en una jornada marcada por la tensión social y política en el país. Durante este jueves se registraron violentos enfrentamientos entre policías y mineros cooperativistas en distintas zonas de La Paz, en medio de protestas y bloqueos que ya superan los diez días consecutivos en diferentes regiones del territorio nacional.
El anuncio del bono también surge en un contexto de creciente conflictividad social, mientras sectores movilizados mantienen medidas de presión y el Gobierno intenta contener la crisis mediante operativos de seguridad y llamados al diálogo.
