El vicepresidente Edmand Lara lanzó este miércoles una serie de cuestionamientos al presidente Rodrigo Paz y a su gabinete ministerial respecto a la situación del abastecimiento de combustibles en el país, al cumplirse seis meses de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, norma que estableció una nueva política de precios para la gasolina, el diésel y otros derivados del petróleo.
A través de sus redes sociales, la autoridad recordó que cuando el Gobierno decidió eliminar la subvención a los hidrocarburos, aseguró que la medida permitiría generar un ahorro aproximado de 1.100 millones de dólares, estabilizar la economía nacional y resolver los problemas de escasez de carburantes que afectaban a distintos departamentos del país.
“Han pasado seis meses desde la eliminación de la subvención a los hidrocarburos mediante el Decreto Supremo 5503. El Gobierno aseguró que esta medida permitiría generar un ahorro de 1.100 millones de dólares, estabilizar la economía y reducir las filas por combustible”, manifestó Lara en una publicación acompañada de un video en el que expone sus observaciones sobre la actual situación energética.
En su mensaje, el vicepresidente expresó dudas sobre los resultados alcanzados por la medida gubernamental y cuestionó que, pese al incremento de los precios de los combustibles, los problemas de abastecimiento continúen afectando a la población.
“Si el pueblo aceptó el incremento del precio de la gasolina y del diésel para estabilizar la economía, ¿por qué persiste el desabastecimiento? ¿Por qué YPFB mantiene una deuda millonaria que afecta el suministro?”, preguntó la autoridad.
Lara hizo énfasis en que las filas en las estaciones de servicio siguen siendo una realidad en distintas regiones del país, situación que, según afirmó, genera preocupación entre transportistas, productores y ciudadanos que dependen del suministro regular de combustibles para desarrollar sus actividades cotidianas.
“Mientras los bolivianos pagan combustibles más caros, las filas continúan y el propio ministro de Hidrocarburos reconoció una deuda de 500 millones de dólares con las empresas proveedoras de combustible”, señaló.
En ese contexto, pidió al Órgano Ejecutivo brindar explicaciones claras sobre el origen y la acumulación de esa deuda, además de transparentar las medidas que se están adoptando para garantizar la provisión de carburantes en el mercado interno.
“Es necesario que el Gobierno explique cómo se acumuló esta deuda de 500 millones de dólares y presente un plan transparente para garantizar el abastecimiento de combustibles”, sostuvo.
Las declaraciones surgen en medio de un debate sobre los resultados del Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre de 2025 por el presidente Rodrigo Paz. En aquella oportunidad, el Gobierno aseguró que la normativa tenía como objetivo estabilizar los precios de la gasolina, el diésel y otros derivados del petróleo, además de generar un uso más eficiente de los recursos estatales destinados a la subvención de carburantes.
Según informó entonces el Ministerio de Hidrocarburos, la eliminación de la subvención permitiría destinar mayores recursos económicos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la reactivación de sus refinerías, el incremento de la producción nacional de combustibles y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la estatal petrolera.
Asimismo, la cartera de Estado señaló que los recursos liberados por la medida podrían ser utilizados para fortalecer programas sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, además de beneficiar económicamente a municipios, gobernaciones y universidades mediante una mayor disponibilidad de fondos públicos.
