La Fiscalía admitió una denuncia penal relacionada con la adquisición de hospitales móviles durante la gestión del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, tras una denuncia que apunta a un presunto sobreprecio en la compra de estos equipos de salud. La información fue confirmada por la presidenta del Concejo Municipal cruceño, Luis Nayar, quien aseguró que ahora corresponde desarrollar las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y sancionar cualquier irregularidad que hubiera sido cometida.
En declaraciones a los medios de comunicación, Nayar informó que el Ministerio Público decidió dar curso a la denuncia presentada, lo que marca el inicio formal de la etapa investigativa.
“Se ha admitido esta denuncia penal por los hospitales móviles, lo que corresponde ahora es que se lleve adelante la investigación y se sancione a quienes hayan cometido hechos irregulares”, manifestó la autoridad municipal.
Según explicó, entre las personas denunciadas se encuentran el exalcalde Jhonny Fernández y una exsecretaria municipal de Salud, cuya identidad no fue revelada públicamente. Además, indicó que se solicitó la activación de una alerta migratoria como medida preventiva para evitar que los involucrados abandonen el país mientras se desarrollan las investigaciones.
La presidenta del Concejo señaló que las observaciones están relacionadas con la compra de cuatro hospitales móviles destinados a fortalecer la atención sanitaria en el municipio. De acuerdo con la denuncia, existirían indicios de un significativo sobreprecio en la adquisición de estos equipos.
Nayar sostuvo que, según las evaluaciones realizadas, cada uno de estos hospitales móviles tendría un valor aproximado de 531.000 bolivianos; sin embargo, afirmó que la Alcaldía habría desembolsado alrededor de 1,2 millones de bolivianos por cada unidad, lo que representaría una diferencia considerable entre el precio estimado y el monto efectivamente pagado.
La autoridad también cuestionó la utilidad y el estado operativo de los equipos adquiridos, asegurando que actualmente dos de los cuatro hospitales móviles no se encuentran en funcionamiento, situación que, a su criterio, agrava las observaciones sobre el uso de recursos públicos destinados al área de salud.
“Vamos a trabajar para que se devuelva la plata robada a familias cruceñas y para evitar que se vayan de fuga”, declaró Nayar al referirse a las acciones que impulsará desde el Concejo Municipal para realizar seguimiento al caso.
La denuncia se suma a otros procesos de fiscalización relacionados con contrataciones y adquisiciones efectuadas por anteriores administraciones municipales, en un contexto en el que diferentes autoridades han puesto énfasis en la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y garantizar que las inversiones destinadas a servicios esenciales, como la salud, se realicen de manera eficiente y conforme a la normativa vigente.
Con la admisión de la denuncia, el Ministerio Público deberá reunir documentación, realizar peritajes y tomar declaraciones a las personas involucradas para establecer si existieron irregularidades en el proceso de contratación y compra de los hospitales móviles. Los resultados de estas investigaciones serán determinantes para definir si corresponde iniciar acciones penales contra los denunciados.
Mientras tanto, desde el Concejo Municipal se anunció que se continuará realizando seguimiento al proceso con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hubo un perjuicio económico para el municipio y para la población cruceña.
