El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final elaborado por la comisión especial que investigó el denominado caso de la “gasolina basura”, relacionado con las denuncias sobre la comercialización de combustible presuntamente desestabilizado que habría provocado problemas y daños en varios vehículos.
Tras la aprobación del documento, el informe será remitido a distintas instancias del Estado para que se adopten las acciones correspondientes. Entre ellas se encuentra la Contraloría General del Estado (CGE), que deberá considerar el documento para realizar la respectiva auditoría; el Órgano Ejecutivo, para que analice y atienda las observaciones planteadas; y el Ministerio Público, con el objetivo de que se inicie una investigación y se convoque a las personas mencionadas en el informe.
La investigación fue iniciada después de las denuncias registradas por problemas relacionados con la calidad de la gasolina. En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión especial integrada por 11 legisladores de diferentes fuerzas políticas, con el mandato de investigar las circunstancias que rodearon la distribución de la gasolina cuestionada y establecer posibles responsabilidades.
Luego de concluir el proceso de investigación, la comisión presentó este jueves ante el pleno de Diputados su informe final, en el que se identificaron “presuntos” responsables entre exautoridades del Gobierno y exfuncionarios de alto nivel de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Durante su intervención en el pleno, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Arispe, explicó que el documento establece posibles responsabilidades de exautoridades que ocuparon diferentes cargos dentro de las instituciones vinculadas al manejo y control de los combustibles.
“Dentro de este informe se puede observar que la comisión ha identificado presuntos responsables que entre ellos están exministros, exgerentes de YPFB y exadministradores de ANH”, señaló Arispe.
La legisladora indicó que las conclusiones de la comisión apuntan principalmente a la administración de YPFB durante la gestión del expresidente Luis Arce, aunque también se habría establecido un grado de responsabilidad correspondiente a la gestión de 2026.
De acuerdo con la explicación presentada ante el pleno, la comisión encontró una serie de falencias y errores en el funcionamiento y administración de la empresa estatal, aspectos que ahora deberán ser analizados por las instancias competentes.
Arispe remarcó que las observaciones identificadas no deben quedar únicamente en el ámbito legislativo, por lo que consideró necesario remitir el informe al Órgano Ejecutivo para que se adopten medidas correctivas dentro de YPFB y se puedan establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, según corresponda.
“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados por la estatal y el Ejecutivo”, manifestó la diputada.
