El Gobierno nacional sostuvo este miércoles una reunión con una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar la posible llegada de una misión civil integrada por policías de distintos países miembros del organismo internacional. La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la prevención de conflictos y fortalecer las acciones destinadas a preservar la convivencia pacífica en Bolivia.
La delegación de la OEA estuvo encabezada por Steven Griner, director del Departamento de Seguridad Pública del organismo, y Cristian Taboada, jefe de la Sección de Seguridad y Justicia. Ambos representantes se reunieron con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como parte de los primeros acercamientos para definir las características y alcances de la misión.
También participó en el encuentro un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (Redpol), instancia que forma parte de los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad y fortalecimiento de las capacidades policiales.
El ministro Oviedo explicó que la misión civil tendría como una de sus principales tareas apoyar en el “establecimiento y mantenimiento de las garantías ciudadanas y la convivencia pacífica”. Para ello, los integrantes de la misión brindarían asesoramiento y acompañamiento a la Policía Boliviana, principalmente en acciones vinculadas con la prevención de conflictos.
Por su parte, Steven Griner señaló que este primer encuentro con las autoridades bolivianas tiene como finalidad recoger las expectativas planteadas al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respecto a la posibilidad de desplegar una misión civil en territorio nacional.
El representante de la organización aclaró que la misión todavía se encuentra en una etapa de diseño y que aún deben definirse varios aspectos relacionados con su implementación. Sin embargo, adelantó que se contempla la presencia de policías de diferentes países, quienes desarrollarían sus actividades sin portar armas y sin utilizar uniformes policiales.
La iniciativa surge después de la crisis social registrada en Bolivia durante mayo y junio, periodo en el que se desarrollaron bloqueos de carreteras y movilizaciones que generaron importantes dificultades para la población y afectaron el normal abastecimiento de diferentes productos y servicios.
Durante aproximadamente siete semanas, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, con el respaldo de sectores afines al exmandatario Evo Morales. Entre las principales demandas de los movilizados se encontraba la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades del país. De acuerdo con los datos expuestos por las autoridades, las movilizaciones dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían muerto debido a la falta de atención médica oportuna ocasionada por los bloqueos. Además, se estimaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
Oviedo explicó que la coordinación con la OEA también se desarrolla tomando como referencia el informe presentado la semana pasada por una comisión del organismo internacional, luego de una visita realizada a las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio.
Durante aquella visita, la OEA planteó la necesidad de promover un “diálogo más amplio posible” entre el Gobierno y los diferentes sectores de la sociedad boliviana, con la finalidad de reducir la polarización y generar condiciones que permitan evitar la repetición de nuevos episodios de conflictividad social.
En medio de la crisis, el Gobierno alcanzó acuerdos con algunos sectores movilizados, entre ellos la COB. Posteriormente, el presidente Rodrigo Paz decretó el pasado 20 de junio un estado de excepción con el propósito de levantar los bloqueos y restablecer la circulación en las carreteras. La medida tiene una vigencia de 90 días.
Sin embargo, ante los recientes anuncios de nuevas movilizaciones por parte de algunas organizaciones sociales, autoridades del Órgano Ejecutivo dejaron abierta la posibilidad de ampliar el estado de excepción si consideran que existen condiciones que puedan generar nuevos hechos de violencia o alteraciones del orden público.
